A un año del fallo de La Haya, sigue sin ganar nadie

Este martes se cumple el primer año desde el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el diferendo marítimo entre Chile y Perú. Sin duda una fecha histórica para la relación bilateral, pero que aún no da luces de ser un avance significativo en la construcción de las confianzas mutuas o un proyecto en común con nuestros vecinos.

La aplicación del fallo se encuentra en una lenta marcha, no tanto por el ritmo natural de las reformas legales, sino más bien relacionado con un desinterés en generar los cambios necesarios que, en la óptica de Perú, arriesgan intereses más importantes que las pequeñas ganancias obtenidas en el tribunal.

Es así como cierta parte de los legisladores y la sociedad peruana ven con malos ojos renunciar a su concepción de dominio marítimo, recogida incluso constitucionalmente, por una ganancia de 22.500 km. de territorio marítimo poco productivo y sobre el que deben asegurar las condiciones de paso y comunicaciones necesarias.

En Chile, si bien se acepta como victoria la confirmación del inicio de la frontera marítima en el paralelo, pocos pueden evaluar con real conformidad el dictamen de las 80 millas como punto del inicio de una frontera equidistante. Previsible desde el inicio del proceso, nada menos que mantener el statu quo se consideraría un detrimento a nuestra posición.

La Corte tampoco ganó mucho en este proceso. Lejos de las críticas jurídicas a su fallo –que los estudiosos del derecho internacional podrán hacer mejor que uno-, la figura de la solución pacífica de las controversias se vio aminorada por este caso. Ni el juicio, ni el fallo evitaron conflicto latente alguno, generó nuevas controversias, esta vez en la figura del triángulo terrestre, y dejó disconformes a ambas partes en un fallo creativo, alejado de la realidad del último siglo en la zona y de los intereses que ambas partes buscaban.

Como instrumento, a pesar de un espíritu y valores centrales a los cuales Chile adscribe, la evaluación que podamos hacer de este siempre dependerá del uso que se le otorgue por parte del resto de quienes lo hayan suscrito.

Nuestros vecinos, lejos del espíritu del Pacto de Bogotá, han utilizado la instancia judicial como instrumento para revisar los acuerdos y tratados vigentes, los de 1952 y 1954 que no pudo eliminar Perú y, peor aún en el caso de Bolivia, ha ratificado el Pacto recientemente y sólo para tratar de modificar un tratado previo a 1948, fecha que impone el Pacto de Bogotá.

A un año del fallo de la Corte, algunos argumentarán que la relación bilateral ha mejorado enormemente y que la coordinación ha mejorado entre ambas cancillerías. Pero también se puede argumentar que lejos de ser esto resultado de un fallo que ni siquiera ha terminado con las controversias limítrofes creadas desde el Perú, la ruta de “cuerdas separadas” es tanto o más importante en esta construcción de confianzas que la sentencia misma. Nuestros esfuerzos conjuntos en integración, con la Alianza del Pacífico al centro, no se han gestado tras este caso y la decisión conjunta de manejar en el nivel diplomático la nueva ofensiva peruana por el triángulo terrestre así lo demuestra.

Poco se puede festejar tras este año, y el avance sólo dependerá de que Perú tome las medidas necesarias para adecuarse a aquello que buscaron lograr durante los cuatro años que mantuvieron a nuestro país en la Corte. Los aprendizajes del proceso parecen haber servido en algo para moderar la relación con Bolivia ante el caso que nos enfrenta en la actualidad, pero requerimos de un esfuerzo consciente y a nivel nacional para no repetir los errores.

Parte importante de ello es, con la distancia del tiempo transcurrido y, aún cuando la Corte pueda aceptar nuestra excepción de competencia en el caso con Bolivia dentro de los próximos meses, participar de un debate abierto y definitivo sobre la pertinencia de mantenernos obligatoriamente bajo la jurisdicción de La Haya.