El 23 de junio los británicos deberán pronunciarse en un referéndum sobre si desean continuar perteneciendo a la Unión Europea (“Remain”) o salirse del bloque europeo (“Leave”). Ante la misma disyuntiva, en 1975 un 67% votó por su permanencia en las Comunidades Europeas a las que habían ingresado en 1973.
Hoy el escenario es distinto a aquellos años, no sólo porque las fuerzas políticas que mayoritariamente apoyaron el “Sí” en la década de los ’70 eran los conservadores, sino porque este referéndum se realizará en un continente que está haciendo frente a muchas crisis: económica, financiera, institucional, social, política, de confianza y sumado al terrorismo, el flujo de refugiados e inmigrantes, el aumento de la xenofobia y fuerzas antisistema (de derecha e izquierda).
Cuando David Cameron anunció este referéndum en enero de 2013 lo hizo respondiendo a las presiones de los llamados “euroescépticos” de su propio partido Conservador como ante la amenaza del UKIP (Partido por la Independencia) cuyo líder es Nigel Farage.
Cameron condicionó el referéndum a requisitos que, paulatinamente, se fueron cumpliendo: que ganara las elecciones generales de 2015 y que lograra un “new deal” con sus socios europeos (que reforzara aún más la especial posición del Reino Unido en la UE).
Cuando anunció el referéndum, el Partido Conservador estaba gobernando en coalición con el Partido Liberal de Nick Clegg. A partir de 2015, Cameron logra la mayoría absoluta y debe cumplir la promesa hecha a los británicos.
Las encuestas muestran hoy que el campo del “Leave” ha avanzado y podría imponerse el próximo jueves. De ser así, la incertidumbre de lo que viene es mucha. Primero, no hay precedente del retiro de un Estado de la UE (salvo la excepción de Groenlandia en los años ’80 pero que no es comparable al no ser un Estado sino una parte de Dinamarca).
La UE hasta este momento solo venía ampliándose y tiene en carpeta varias peticiones de nuevos ingresos. Segundo, el Tratado que actualmente rige la UE por primera vez contempla una norma sobre retiro de un Estado (ninguno de los anteriores tratados constitutivos lo consideraba).
Dicha norma no resuelve de manera alguna todas las dimensiones que un posible Brexit supondría para la relación de UK y la UE. Solo se considera que se entraría en una etapa de negociación entre UK y sus socios para terminar la vinculación del Reino Unido.
Además, paralelamente o después, UK debería negociar el marco jurídico de sus futuras relaciones y los 27 Estados de la UE. Luego de esto, o al mismo tiempo, eso se vería porque no está regulado, UK debería renegociar sus relaciones con terceros Estados con los que actualmente está vinculado a través de la UE. Existen alrededor de 50 acuerdos de este tipo.
Entre estos terceros Estados está nuestro país. Desde 2002 Chile se encuentra vinculado con la UE a través del Acuerdo de Asociación y otros tratados. Si el Reino Unido se retira de la UE, ya no seguirá siendo parte de estos tratados. Deberemos por tanto, esperar a ver qué pasará en las negociaciones del Reino Unido con sus socios en relación a los terceros Estados o, eventualmente, comenzar las negociaciones para un acuerdo específico con Chile. Como no hay precedentes y el art. 50 del Tratado de la UE no resuelve este tema, la incertidumbre es clara.
Este art. señala que durante dos años, mientras UK negocia con la UE, sigue siendo parte de la Unión Europea y las normas continúan aplicándose, pero una vez que el Brexit se concretara, dejaría por tanto de estar regido por dichas normas.
Algunos han planteado que al Reino Unido le podría tomar entre 7 y 10 años poder establecer sus vínculos con terceros Estados, lo que motiva la pregunta de qué pasaría, en nuestro caso, con nuestras relaciones con UK. Un nuevo tratado implica no solo nuevas negociaciones sino también que se someta a todos los trámites de un tratado internacional, tanto en Chile como en UK. Esto puede tomar tiempo. ¿Y mientras tanto? ¿Se aplicarán las normas de la OMC?
Por lo tanto, la decisión que tomen los británicos el 23 de junio no solo tendrá efectos en Europa sino también los tendrá en Chile.
Cuando termino estas líneas me entero de la muerte de la diputada laborista Jo Cox en manos, presumiblemente (información aun no confirmada oficialmente) de un miembro de un pequeño partido ultranacionalista británico.
La diputada de 41 años, casada y madre de dos hijos, se caracterizaba por su fuerte compromiso social y su posición anti Brexit. Su trabajo social y su sensibilidad con el tema de los refugiados, la había llevado a manifestar su opinión con fuerza en la Cámara de los Comunes como en el resto de su vida pública.
De ser cierto lo que los medios británicos informan, que el agresor habría gritado "Britain first", el móvil de este cruel asesinato sería justamente su posición política ante este polémico tema. Muy poco se sabe aún del autor, pero lo claro es que tanto en el Reino Unido como en Europa y el resto del mundo, la muerte de Jo Cox ha causado gran conmoción.
Aun falta información para poder opinar con fundamento respecto de los efectos inmediatos en la campaña del referendum, pero lo que es claro es que este hecho no solo pasará a la historia británica sino que impactará en el futuro inmediato del Reino Unido.
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