El 6 de junio de 2016, Chile presentó una demanda contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, solicitando a la Corte que declare que el sistema del río Silala, junto con sus porciones subterráneas, es un curso de agua internacional y que, según el derecho internacional consuetudinario, Chile tiene derecho al uso equitativo y razonable de las aguas del río.
Chile agregó en su demanda que nuestro país tiene derecho al uso que actualmente hace de dichas aguas, y que Bolivia tiene la obligación de informar y cooperar con Chile para no afectar negativamente la calidad o cantidad de las aguas que fluyen por la pendiente natural del terreno hacia nuestro territorio.
Pocos meses antes, el Presidente boliviano Evo Morales había acusado a Chile de “robar” las aguas del río Silala y había anunciado que interpondría una demanda por este caso ante la CIJ. Morales y su gobierno se vieron totalmente sorprendidos cuando Chile demandó a Bolivia por este caso. La memoria de Chile, es decir la demanda desarrollada, fue presentada a la Corte el 3 de julio de 2017.
El Gobierno de Bolivia anunció hace escasos días la entrega de la respuesta a la memoria de Chile mediante una contramemoria y una “contrademanda”.
Hace tres meses, el Presidente Evo Morales había anunciado que Bolivia descartaba presentar una contrademanda “por recomendaciones jurídicas de carácter internacional” agregando que “bueno sería buscar soluciones diplomáticas” al caso en cuestión.
Tales declaraciones de Morales fueron criticadas por sectores de oposición, ante lo cual el presidente-candidato a las elecciones de 2019, pese a haber perdido el referéndum de febrero de 2015 sobre una nueva reelección, cambió de parecer y luego de solicitar a la Corte a fines de junio una extensión de dos meses para presentar la contramemoria, elaboró lo que ahora califica de “contrademanda”.
Según el Ministro de Justicia Héctor Arce, locuaz vocero de los temas de política exterior que le corresponden al Canciller Fernando Huanacuni, Bolivia decidió contrademandar a Chile en tres puntos.
“Bolivia tiene soberanía plena sobre los canales que transportan el agua hacia Chile y Bolivia tiene el derecho a disponer la continuidad o destrucción de estos canales”.
Segundo, agrega Arce, “Bolivia tiene soberanía plena sobre las aguas que artificialmente fluyen a Chile”.
Y tercero, “cualquier uso de las aguas de los manantiales naturales del Silala debe estar en base a un acuerdo con Bolivia. Si ese acuerdo no se da, Bolivia, según Arce, tiene plena soberanía sobre los canales y las aguas”.
A simple vista, no hay más que una simple respuesta a la demanda interpuesta por Chile, disfrazada de “contrademanda”.
Los argumentos del gobierno boliviano resultan exóticos pues Chile no construyó los canales en territorio boliviano y nunca ha pretendido ejercer soberanía sobre ellos. Lo que Chile sostiene es que Bolivia no puede coartar sus derechos sobre las aguas que escurren de manera natural y por la inclinación del terreno hacia nuestro país. En realidad, los tres argumentos anunciados por Arce parecen ser una oferta de términos de una negociación sobre las aguas de este río internacional.
Bolivia carece de argumentos para contrarrestar la demanda de Chile y por eso denomina “contrademanda” a su contramemoria y elude la evidencia histórica y científica que sustenta la posición chilena.
Hasta 1997 Bolivia reconocía que el Silala era un recurso hídrico compartido con Chile, pero a partir de ese año comenzó a argumentar que Chile había desviado artificialmente dichas aguas.
Incluso el 7 de mayo de 1996, Bolivia emitió un comunicado de prensa oficial donde rechazaba la argumentación en medios de prensa bolivianos de que las aguas del Silala habían sido supuestamente desviadas a Chile. Pero a partir de 1997, la Prefectura de Potosí caducó la concesión que le había otorgado en 1908 ala Empresa de Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB), con sede en Londres.
La evidencia histórica en favor de Chile es abrumadora. El mapa firmado por las autoridades de ambos países anexo al Tratado de Amistad de 1904 se refiere a este curso de agua internacional como “Río Silala”. Durante más de 100 años la propia cartografía boliviana ha reconocido al cauce del Silala como un río.
Los antecedentes que demuestran que el Silala es un río internacional se remontan a fechas anteriores a la construcción de obras de canalización que Bolivia aceptó en favor de la entonces empresa inglesa FCAB. Y constan declaraciones de autoridades de alto nivel de la Cancillería boliviana reconociendo al Silala como un río internacional compartido con Chile.
Pero quizás tanto o más importante es la evidencia científica de los expertos chilenos e internacionales que demuestran que el Silala ha sido un río internacional durante miles de años.
El gobierno de Evo Morales una vez más busca negar lo que ha aceptado en el pasado. Es el uso político electoral de Morales de una relación bilateral que debiera haberse enfocado hace tiempo en la integración bilateral y en los desafíos del siglo XXI y no en el siglo pasado o antepasado.
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