Excepciones preliminares, definiciones necesarias

Este jueves se ha cumplido un mes desde que el Presidente Evo Morales presentara personalmente la memoria de su país ante La Haya. De acuerdo al reglamento de la Corte Internacional de Justicia, sólo restan sesenta días de plazo para que Chile pueda presentar excepciones preliminares sobre la competencia de la Corte o la admisibilidad de la petición boliviana, evitando abordar este punto al mismo tiempo que los argumentos de fondo de la demanda.

Aun así, el debate público sobre el tema parece no estar en pauta, frente a la discusión de las reformas que impulsa el Gobierno.

Por cierto, cancillería, el equipo jurídico y el comité asesor continúan el estudio y, como señal positiva, parece existir un amplio consenso sobre impugnar la competencia del tribunal, posición que todos los ex presidentes han apoyado.

Además, de acuerdo a lo que públicamente conocemos hasta ahora sobre la presentación de la demanda, no parece existir argumento jurídico alguno que disuada a Chile de presentar excepciones preliminares.

Bolivia busca a través de la construcción de su demanda reescribir lo que ya ha sido zanjado mediante el Tratado de Paz y Amistad de 1904, más aún, lo hace buscando una negociación condicionada. Existe una clara ofensiva de carácter político, y el Presidente Morales hará uso indistinto de un escenario con o sin excepciones preliminares.

El antecedente reciente del diferendo con Perú también nos hace repensar la confianza que tenemos sobre las decisiones jurídicas de la Corte y los fines que persigue con sus fallos, y con ello evaluar si deseamos someter el fondo de la demanda al criterio de sus jueces y la señal que pretendemos enviar a estos.

Por ello sólo pareciera haber dos posibles preocupaciones al momento de optar por la presentación de excepciones previo a la contra memoria. La primera es naturalmente la evaluación del riesgo que la Corte se declare efectivamente competente, el temor a comenzar con una derrota y discutiendo el fondo del asunto.

Si los argumentos bolivianos no van más allá de lo hasta ahora conocido, y La Haya se declarase competente, no pareciera que hacerlo inmediata o posteriormente tengan real efecto en el fondo del asunto, más se perdería en renunciar a enviar esta señal al tribunal.

Lo que parece más trascendente en esta decisión son las consideraciones de costo político al tomar una determinación errada. Un proceso de larga data como es el que enfrentamos en la CIJ, al igual que el con Perú, seguramente tomará suficiente tiempo como para ser resuelto durante la siguiente administración.

Conocido el fallo con Perú, en dicho momento la Presidenta de la República evitó pagar con su popularidad y la de su gabinete una determinación que habría sido errada. Ante el caso actual, y con una ciudadanía más enterada del funcionamiento de la Corte, será necesario explicar de mejor manera qué decisión se tomará.

Por ahora sólo podemos esperar que la Presidenta Michele Bachelet nos de algunas luces sobre su decisión en el primer discurso del 21 de mayo de su nuevo gobierno.