¿Cómo avanzar cuando hablamos de aborto?

Hace algunos días escuché una afirmación que me hizo mucho sentido: “la sociedad chilena cambia a saltos”.  Esta frase intentaba instalar una conversación sobre la calidad de nuestra democracia, de cómo nuestro proceso de democratización social y política no obedece generalmente a procesos de acumulación de fuerzas, sino que más bien a “contextos de oportunidad”.

Sin duda muchas de las conquistas en derechos ciudadanos de las mujeres en Chile obedecen a contextos de oportunidad y no a transformaciones consistentes de la sociedad chilena.  Julieta Kirkwood ya advertía sobre la necesidad de no caer en el entusiasmo de la excepcionalidad para analizar los avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres, sino que analizarlos en su dimensión de proceso histórico, cultural, social y político.

Sin duda es un avance tener por segunda vez a una mujer presidenta y contar con una presidenta del Senado por primera vez.  Sin embargo a la hora de analizar la autonomía política de las mujeres en Chile, estas excepcionalidades no dan cuenta de la situación real que vivimos las chilenas en la toma de decisiones sobre cómo organizamos y normamos a nuestra comunidad política.  

Frente al espejismo democrático de estos “saltos”, la discusión sobre aborto en Chile y las distinciones que han intentado instalar medios de comunicación, algunos barones de la política y partidos políticos conservadores, nos recuerda que en este tema los “saltos” hoy no están permitidos.

La dictadura lo dejó muy claro borrando el Código Sanitario que existió durante el año 1931 y 1989, en que el derecho penal chileno definía la interrupción no punible del embarazo por razones terapéuticas como “la terminación del embarazo antes de que el feto sea viable con el propósito de salvar la vida de la madre o salvaguardar su salud”.  Los dispositivos de control del sistema socio-político funcionan a la perfección, clausurando cualquier posibilidad de “salto”.

Porque cuando hablamos de aborto desafiamos, con el solo enunciar la palabra, a los sistemas de dominación imperantes hoy en día: al capitalismo y al patriarcado.  Cuando hablamos de aborto -quienes hablamos desde el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y con un Estado que garantice este derecho en condiciones de seguridad y dignidad-  hablamos y exponemos públicamente lo que provoca en las mujeres la explotación de nuestros cuerpos y las indignantes condiciones de desigualdad en las que siguen millones de chilenas.

Cuando hablamos de aborto, hablamos de un tema primordial en lo que respecta a la desigualdad de género y de clase. Porque nos referimos a concepciones que la sociedad elabora simbólicamente sobre los cuerpos de las mujeres. Mujeres que no son idénticas, son contextualizadas por su historia, su clase, su estatus.

La pregunta es entonces, ¿estamos como sociedad preparados para normar una nueva concepción sobre el cuerpo de las mujeres a la hora de determinar sus comportamientos sexuales y reproductivos?

¿Estamos en disposición de avanzar de un Estado que sólo ofrece a las mujeres continuar forzadamente un embarazo, bajo la amenaza constante del castigo penal, legitimando la coerción de toda la institucionalidad penal y policial avocada a la investigación de delitos, a un Estado que garantiza la dignidad y vida de las mujeres en el marco de la convención internacional de los DDHH de las Mujeres?

Hay algo que está claro, no nos permitirán y tampoco es estratégico avanzar con “un salto” en este tema.  Es urgente avanzar, pero es imperativo garantizar que no existirá retroceso.

La buena noticia es que existe un mayoritario respaldo ciudadano a reformas legales que garanticen los derechos de las mujeres. De acuerdo a la Décima Encuesta Nacional Percepciones de las Mujeres sobre su Situación y Condiciones de vida en Chile (Corporación Humanas, 2014) la mayoría de las mujeres siguen a favor de interrumpir un embarazo en ciertos casos. Un 79,2% cuando corre riesgo la vida de la mujer, un 74,2% está de acuerdo en caso de inviabilidad fetal y un 72,9% si el embarazo es resultado de una violación.

La encuesta también muestra que las chilenas mayoritariamente están en contra de que se las criminalice por abortar.  Hoy, organizaciones de mujeres y feministas levantamos la consigna “decido y soy libre” para poner en la agenda pública y político institucional la necesidad de legislar sobre aborto.

Por otro lado existe un acuerdo político de la coalición gobernante -que se expresa en un programa de gobierno y en una agenda de género- que establece el límite del derecho a decidir de las mujeres sobre sus propios cuerpos en lo terapéutico y en tres causales: riesgo de la vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación.

Estamos en un momento de definiciones, la pregunta es qué camino seguirán los actores políticos que hoy toman las decisiones en el parlamento. ¿El camino de limitar la autonomía de las mujeres en estas tres causales o el camino del derecho internacional de los derechos humano de las mujeres en el mundo?  Queda la pregunta para el debate. 

Sin embargo es importante considerar que la despenalización del aborto es una demanda que diversos organismos internacionales de derechos humanos han realizado al Estado de Chile desde 1999 a la fecha y en forma reiterada. Se ha pronunciado el Comité de Derechos Humanos (en 1999 y 2007), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en 2004), el Comité de Derechos del Niño (en 2007) y el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (en 1999, en 2006 y en 2012).