Democratizar la salud en tiempo de elecciones

Ante la publicación de las resoluciones que aceptan las candidaturas para las próximas votaciones, quiero invitar a los candidatos de las diferentes coaliciones a discutir sobre cambios de regulación en temáticas de salud que afectan a un número importante de la población.

La obesidad en nuestro país es un problema de salud que va en creciente aumento. Es así como actualmente muchos pacientes recurren a procedimientos quirúrgicos para lograr bajar de peso, conocidos como "cirugías bariátricas", las cuales pueden ser parcial o totalmente cubiertas por Isapres y FONASA. Sin embargo, tras lograr reducir el exceso de peso, los pacientes se ven enfrentados a una realidad en la cual evolucionan con un gran exceso de piel y flacidez secundarios a esta baja masiva de peso. Esta situación les produce importantes problemas físicos y psicológicos.

Se ha estimado que aproximadamente 256 mil personas que se han sometido a una cirugía bariátrica para bajar de peso, necesitan actualmente una cirugía pos-bariátrica. Esta es una operación reparadora que no pueden pagar, por su alto costo y porque no está incluida en la cobertura de Isapres o Fonasa.

Popularmente conocido como “abdomen de delantal”, es un problema que se genera por los excesos de piel que quedan posterior a una baja importante de peso. Una cirugía reparadora es crucial en estos casos, ya que el tejido sobrante puede generar infecciones o incluso problemas psiquiátricos, por su repercusión en la autoestima.  

De hecho, ya han surgido movimientos ciudadanos que proponen que este procedimiento sea incluido en el Plan Auge, logrando algo similar a lo que se hizo con el programa “Sonrisa de Mujer”.

Los estudios que hemos realizado los miembros de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica y las experiencias internacionales hablan sobre el impacto positivo que tiene esta intervención reparatoria en la vida de los pacientes, siendo cubierta por instituciones previsionales de salud en otros países.

En este sentido, creemos que las instituciones deben replantear su normativa y cubrirlo en su totalidad como parte integral del tratamiento de la obesidad.

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