Desafíos de la participación en salud en el proceso constituyente
En el último tiempo, la discusión respecto a la reforma constitucional y la asamblea constituyente ha sido un tema de debate e importancia nacional, el ejercicio de soberanía expresado en derechos sociales y políticos, y el tipo de Estado que requiere el país para garantizarlos.
Se relevan los derechos y deberes ciudadanos en ámbitos importantes de la vida y la reproducción de nuestra sociedad, como lo son la salud, la educación y el empleo, que implican importantes procesos de reforma.
En salud, desde la década delos 90’, se impulsaron cambios en el sistema, tendientes a corregir la inequidad en el acceso a la asistencia sanitaria, destacando entre ellos, el AUGE, la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, ajustes al seguro de salud y, en particular, la Ley de Autoridad SanitariaN°19.937, que norma los mecanismos de participación en salud, y la N° 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública.
No obstante estas medidas, la participación en este ámbito se ha centrado fundamentalmente en los procesos de asistencia a las enfermedades o acceso a prestaciones, donde pacientes y gremios de la salud se han expresado mayoritariamente. Pero lo han hecho en menor medida en las condicionesde vida y del trabajo, frente a las cuales la población sana y la ciudadanía, tiene mucho que decir.
Esto último, sitúa la participación social en salud, no sólo como el ejercicio de derechos sino también de deberes, como herramienta de construcción de lo público, ya sea en su modalidad de acción colectiva o capital social tributario a la cohesión social (considerado un determinante social de la salud por la OMS) y,por tanto, como ejercicio de poder.
En esta línea, la OMS recomienda avanzar en formas de construcción de políticas públicas, que superen la consulta o rendición de cuentas y se implementen formas co-gestionarias de transferencia de poder a las comunidades, para el logro de equidad en salud, proponiendo un rol más activo de los Estados y gobiernos en esta materia, como lo es la estrategia de salud en todas las políticas.
Esto último constituye un desafío importante para la ciudadanía, puesto que implica diferenciar el ejercicio de derechos individuales, asociados a la asistencia sanitaria de los derechos colectivos que garantizan las condiciones de vida y bienestar de toda la población, que asumen el supuesto que todos podemos producir salud, no sólo los expertos.
En este sentido, el debate constituyente en su formato de reforma o de asamblea es una oportunidad importantísima para reabrir la discusión por un nuevo tipo de participación social y en particular en salud, que repolitice la relación Estado-Sociedad Civil, superando la lógica individual y recuperando la dimensión colectiva de derechos sociales, que la salud pública requiere para enfrentar las condiciones sociosanitarias actuales y futuras de nuestro país.
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