Iguales ante la ley
Nuestro país se encuentra en proceso de discusión legislativa de un proyecto de ley integral de salud mental, que representa una oportunidad para contar con una norma realmente precursora y referente. Sin embargo, esa aspiración puede verse frenada si la norma mantiene el principio, en forma solapada, que las personas no tienen derecho a tomar decisiones por el sólo hecho de presentar un problema de salud mental en algún momento de su vida.
El texto en discusión aún atenta contra el derecho universal al ejercicio de la capacidad jurídica.
El respeto del ejercicio de la capacidad jurídica constituye un principio estructural en las legislaciones contemporáneas sobre salud mental y discapacidad, en la medida en que materializa el reconocimiento efectivo de que todas las personas son iguales ante la ley, sin discriminación alguna. Este principio, consagrado de manera explícita en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de Naciones Unidas, particularmente en su artículo 12, implica un cambio paradigmático desde modelos sustitutivos de toma de decisiones (basados en la interdicción y la tutela) hacia modelos de apoyo en la toma de decisiones que reconocen la autonomía, la voluntad y las preferencias de las personas.
La garantía del ejercicio pleno de la capacidad jurídica no solo tiene implicancias normativas, sino también operativas: obliga a los sistemas de salud, justicia y protección social a desarrollar mecanismos concretos de apoyo, salvaguardias proporcionales y procesos de evaluación que respeten los derechos humanos. Por ejemplo, en el ámbito clínico, obliga a incorporar estrategias terapéuticas como los protocolos de prevención de crisis, la expresión de voluntades anticipadas, la toma de decisiones compartidas, la integración activa de la familia y otras técnicas clínicas respetuosas de la integridad de la persona.
Es decir, ayuda a los sistemas de salud a erradicar las prácticas coercitivas que lamentablemente todavía observamos en el ámbito de la atención de la salud mental. Asimismo, fortalece la legitimidad de las decisiones adoptadas por las personas, promueve su inclusión social y mejora los resultados en salud, al alinear las intervenciones con sus proyectos de vida.
Desde una perspectiva de política pública, integrar este enfoque en la legislación contribuye a la coherencia entre marcos legales y estándares internacionales, evitando prácticas discriminatorias y promoviendo sistemas más equitativos.
En definitiva, el respeto de la capacidad jurídica no es un aspecto accesorio, sino un requisito indispensable para garantizar la igualdad sustantiva ante la ley, avanzando hacia sociedades que reconocen a todas las personas como sujetos plenos de derechos, sin discriminar por su condición de salud.