Más de 12 años de formación es lo que conlleva la preparación de un cirujano plástico, estético y reconstructivo, el cual además debe estar certificado e inscrito en la Superintendencia de Salud, para corroborar su formación y calidad profesional. Esta especialización de más de una década no puede ni debe dar lo mismo en ningún contexto, y menos en el actual escenario, donde las cirugías plásticas con fines de embellecimiento van en aumento.
Sin embargo, la preocupación del mundo médico es permanente, cuando aún no está promulgada oficialmente la ley que regula su práctica, lo que conlleva necesariamente la protección a los pacientes, lo que es urgente.
Si bien la Cámara Baja aprobó el proyecto de ley que regula las cirugías con fines de embellecimiento (estética), presentado en 2019, aún no ha sido ratificada en el Senado, y que de ser promulgada -esperamos prontamente- permitirá abordar de mejor manera el ejercicio ilegal, fiscalizar con más ahínco las clínicas clandestinas y permitirá el acceso a información imprescindible para quienes están evaluando ingresar a pabellón.
Mientras esto está a la espera, quisiera reiterar el llamado permanente a la ciudadanía: informarse y corroborar que el médico sea certificado, que tenga las competencias adecuadas, que el lugar de la intervención cumpla con los requerimientos mínimos para abordar cualquier situación que se genere en pabellón, puesto que ninguna cirugía está exenta de riesgos.
La responsabilidad va más allá de una regulación. Debiese ser una política pública comprometida con el resguardo de la vida de las personas.
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