El aumento del comercio ilegal de medicamentos es un fenómeno grave que exige medidas urgentes, pero también una comprensión profunda y responsable de sus causas. Advertimos que las respuestas simplistas que señalan exclusivamente a algunas farmacias como el origen del problema no solo resultan injustas, sino también peligrosamente equivocadas. Las autoridades deben investigar y fiscalizar con la misma rigurosidad a laboratorios, droguerías y cadenas de distribución, donde muchas veces se origina el desvío. Reducir el análisis a un solo eslabón de la cadena distorsiona la realidad y debilita cualquier posibilidad de solución efectiva.
Dejemos claro que el sector profesional de dispensación farmacéutica rechaza toda operación al margen de la ley, incluidas aquellas que promueven la venta ilegal de medicamentos desde ciertas farmacias establecidas, así como la participación de todos quienes conforman esta red criminal. Y con esa misma fuerza, las autoridades debieran señalar con claridad que el problema comienza antes, en la permisividad de algunos proveedores, en la trazabilidad opaca, en los robos y desvíos de productos, y en las fallas del control sobre las ventas desde droguerías y laboratorios.
No es posible seguir ignorando las señales. Según datos del Instituto de Salud Pública (ISP), durante 2023 se decomisaron más de 17,5 millones de dosis de medicamentos provenientes del comercio ilegal, una cifra alarmante frente a los 10,4 millones incautados en 2022. Este incremento refleja la existencia de un mercado paralelo consolidado, que opera a través de ferias libres, redes sociales y otros canales no autorizados.
Estas prácticas ilegales, además de poner en grave riesgo la salud pública, generan una competencia brutalmente desleal contra quienes sí cumplen con la ley. Por eso hacemos un llamado a reforzar con urgencia la fiscalización en toda la cadena: desde laboratorios hasta farmacias, desde el transporte hasta el punto de entrega final.
También es clave que las autoridades impulsen mecanismos más eficaces de denuncia, trazabilidad, inteligencia sanitaria y persecución penal para quienes lucran con productos farmacéuticos fuera del marco legal. Las farmacias independientes siguen trabajando por un acceso justo, seguro y transparente a los medicamentos, porque la salud de las personas está -y debe seguir estando- por sobre cualquier interés comercial. Ellas son parte de la solución, no del problema.
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