No olvidemos superar esta pandemia con inclusión

Camila Flores

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Estamos viviendo momentos muy delicados en el país, con histórico niveles de contagio por Covid-19, llegando incluso a los 7.000 en días pasados. Este escenario deja nuevamente vulnerables a miles de familias, tras volver a un confinamiento casi total del país.

El Gobierno y el Congreso se reunieron esta semana y conformaron un equipo para trabajar en reformas que mejoren la protección social. Es aquí cuando este concepto tan usado en momentos de crisis tiene que ser ocupado sin sesgos, sin focalización.

Su alcance debe ser universal para que la ayuda llegue a todos y especialmente a los más postergados. Me refiero a las personas con discapacidad, quienes han sacado la voz con fuerza durante la pandemia, buscando ser escuchados por las autoridades, pues sus demandas son tan legítimas como las de otros ciudadanos.

En ellos hay gran preocupación por su sostenibilidad laboral. El Estado aún no ha resuelto de manera efectiva la situación de aquellos trabajadores con discapacidad que han visto suspendidas sus jornadas de trabajo y que por tener pensión de invalidez completa no pueden acogerse a la Ley de Protección al Empleo.

Es necesario acabar con esta discriminación que justamente no permite dar garantías de una calidad de vida digna. Deben existir los mecanismos que entreguen una rápida solución a trabajadores que pertenecen a un sector de la población que se acerca a los tres millones de habitantes, según cifras oficiales.

¿Podría el Gobierno hacer cambios profundos a la Administradora de Fondos de Cesantía para que las personas en situación de discapacidad tengan los mismos beneficios de cobertura cuando vean afectadas sus fuentes de trabajo debido a la crisis sanitaria?

Espero que sí, de lo contrario es urgente avanzar hacia otros apoyos económicos, como la renta de emergencia o el ingreso familiar, de manera que funcionen de salvavidas mientras se prolongue la pandemia. Lo importante es que se abra el debate en esta materia, así como en otras, como la Ley de Accesibilidad Universal.

Desde el año 2016 Chile cuenta con el decreto supremo 50 del Minvu, que regula la accesibilidad en los espacios físicos, de uso público o uso privado. Sin embargo, sólo comprende la accesibilidad a espacios físicos y no a la información, pensando en aquellos que tienen discapacidad para entender o ver mensajes, aquellos que no pueden escuchar y tienen problemas en decodificar un mensaje, quedando todos excluidos de esta normativa.

Si bien existe una normativa que tiene un grado de cumplimento en edificios públicos y privados con acceso a público general, aún es insuficiente, existen algunas barreras físicas que es necesario eliminar. El Ejecutivo es quien debe liderar de forma oportuna las reformas que solicitan las personas con discapacidad. Que Chile se recupere y avance hacia el esperado desarrollo es hacerlo con inclusión, es hacerlo con todos.