¿Por qué seguimos rechazando la transparencia en salud?

Mariela Formas García

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En Chile llevamos años hablando de modernización del sistema de salud, de avanzar hacia un Estado más eficiente, de fortalecer la confianza pública y de asegurar que cada peso se traduzca en mayor bienestar para las personas. Sin embargo, cuando llegamos a cuestiones tan elementales como la transparencia -esa condición mínima para cualquier política pública moderna- el debate retrocede inexplicablemente.

Desde 2022, la Cámara de la Innovación Farmacéutica (CIF) implementó una plataforma de transparencia pionera en el país: un repositorio abierto y de acceso público que consolida, en forma nominativa, todas las transferencias de valor que las compañías de innovación farmacéutica de la CIF realizan a profesionales de la salud, instituciones médicas y organizaciones de pacientes. Cada capacitación, cada apoyo a investigación, cada pago asociado a una interacción está disponible para ser revisado por cualquier persona. La plataforma no es un anuncio ni una promesa: existe, opera y es hoy el estándar más alto de transparencia del sector.

Este esfuerzo -que reproduce fielmente lo que proponía el propio proyecto de Ley Fármacos II- ha sido ampliamente reconocido como una buena práctica regulatoria. Por eso sorprende aún más que, en la tramitación del proyecto que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de Salud, las indicaciones orientadas a regular la transparencia del sector farmacéutico hayan sido rechazadas. No se trataba de una carga adicional ni de una compleja reforma institucional. Era, simplemente, institucionalizar un mecanismo que ya funciona y que eleva la integridad del sistema.

El rechazo no solo resulta contraintuitivo: va en contra de las tendencias internacionales, donde la transparencia en la relación entre la industria y los actores del sistema de salud es un estándar. Estados Unidos, Europa y Australia han comprendido que estas interacciones -cuando se realizan con estándares éticos claros- son esenciales para la formación médica continua, la investigación clínica y la adopción de nuevas tecnologías sanitarias. Y que, justamente por su relevancia, deben ser públicas y trazables.

La paradoja es evidente: en un momento en que el país exige más probidad y mejores controles, se desecha una herramienta que permite gestionar conflictos de interés, fortalecer la integridad de las instituciones y dar certezas a la ciudadanía. La transparencia no debiera ser un tema de disputa política; debiera ser un mínimo común para cualquier actor que aspire a un sistema de salud moderno, sostenible y centrado en las personas.

Chile necesita avanzar hacia una economía del conocimiento, una regulación basada en evidencia y una institucionalidad que promueva la confianza. La transparencia es un requisito para todo lo anterior. Rechazarla implica mantener zonas de opacidad donde ningún sistema puede prosperar.

Como industria de innovación farmacéutica, seguiremos impulsando este estándar -con o sin ley- porque estamos convencidos de que la transparencia no debilita al sector: lo fortalece y lo alinea con la misión de mejorar la salud pública y el bienestar de las personas. Pero es legítimo preguntarse: ¿qué señal damos como país cuando rechazamos mecanismos concretos de transparencia en pleno debate sobre modernizar nuestro sistema de salud? La ciudadanía merece una respuesta. Y, sobre todo, merece un sistema donde la transparencia sea regla, no excepción.