Presupuesto 2026: cuando la salud pública es llevada al límite de la asfixia
La discusión del Presupuesto 2026 vuelve a poner en evidencia una realidad incómoda: la salud pública está siendo empujada, año tras año, al límite de su capacidad. Este no es un debate técnico, ni un ajuste administrativo más. Es la expresión concreta de cuánto valora el Estado el derecho a la salud y cuánto está dispuesto a invertir para garantizarlo. Y lo que vemos hoy es una tendencia preocupante: un sistema público exigido, frágil y obligado a sobrevivir con recursos que no acompañan la magnitud de las necesidades.
El gasto en salud apenas crece 1% real, cifra insuficiente incluso para enfrentar el alza de costos hospitalarios y la demanda acumulada. Mientras tanto, miles de trabajadoras y trabajadores continúan sosteniendo la atención con precariedad, sin estabilidad, con plantas congeladas y con servicios que no logran cumplir su misión porque simplemente no cuentan con la dotación necesaria. El aumento marginal del gasto en personal confirma esta asfixia: crecimiento nominal de apenas 3,8%, lo que en la práctica significa estancamiento. Nada cambia donde más se necesita.
A la vez, el presupuesto vuelve a privilegiar la compra de servicios al sector privado por sobre el fortalecimiento real de la red pública. Esa decisión política profundiza una dependencia estructural que debilita la soberanía sanitaria del país y encarece la atención, sin resolver los problemas de fondo. Una salud pública fuerte no se construye tercerizando funciones esenciales, sino invirtiendo de manera estratégica en infraestructura, equipamiento, carrera funcionaria y estabilidad laboral.
Este escenario no solo compromete el presente del sistema, sino también su futuro inmediato. Estamos en un momento político clave, con una segunda vuelta presidencial en curso, donde la candidata Jeannette Jara ha planteado con fuerza la necesidad de reconstruir lo público y avanzar hacia un sistema de salud digno, moderno y centrado en las personas. Sin embargo, un presupuesto restrictivo, que administra escasez y no derechos, limita la posibilidad de implementar un verdadero plan de fortalecimiento sanitario el 2026. Es legítimo preguntarse: ¿Cómo podrá el próximo gobierno impulsar transformaciones profundas si hereda un sistema amarrado, precarizado y sin margen para crecer?
Desde Fenats Nacional lo decimos con claridad: no es posible mejorar la salud del país sin dignificar primero el trabajo de quienes la sostienen. La carrera funcionaria no es un anhelo corporativo, es una necesidad del sistema. La estabilidad laboral no es un privilegio, es una condición para asegurar continuidad, calidad y humanidad en la atención. Y un presupuesto que ignora estas demandas es un presupuesto que posterga derechos.
La salud pública no puede seguir siendo gestionada al mínimo. Chile necesita una decisión política firme para reforzarla, no para contenerla. Esta discusión presupuestaria no es solo un trámite legislativo: es una señal del país que queremos construir. Y hoy, lamentablemente, esa señal apunta a un sistema llevado al límite de la asfixia.
Es hora de corregir el rumbo y de garantizar que los recursos lleguen donde realmente se juega la vida de millones de personas: en los hospitales, en los centros de atención, en los equipos que día a día sostienen la salud del país. Porque defender la salud pública es defender el derecho a vivir con dignidad, y esa es una responsabilidad que ningún gobierno -ni el actual ni el que viene- puede eludir.
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