Las isapre consideran que las autorizaciones otorgadas por la Superintendencia de Salud para reajuste de los planes son insuficientes y que los cálculos realizados por la entidad llevan a resultados diferentes a los propios. Señalan que tales reajustes continuarán obligando a los sostenedores de las empresas aseguradoras previsionales a seguir capitalizándolas para compensar las pérdidas. Pero que tal cosa ha de tener su límite. Bupa, dueña de Cruz Blanca, incluso ha realizado una reclamación formal al Ministerio de Relaciones Exteriores apelando a los convenios bilaterales existentes entre el Reino Unido y Chile.
No es bueno el ambiente y en el sector privado, isapre incluidas, hay quienes creen que esto podría ser una maniobra premeditada para acelerar la reforma del sistema, traspasando los costos de la misma a las propias aseguradoras, con cara de "yo no fui".
Cuesta creer que algo así podría estar ocurriendo, por los enormes costos asociados a un eventual crash del sistema, costos de los cuales el gobierno tendría que hacerse cargo inevitablemente. Me refiero a la solución para los 3 millones de cotizantes que habrían de ser acogidos en alguna parte, con un sistema público muy congestionado. Hay una diferencia entre dejar caer a las empresas y dejar caer a quienes se benefician de los servicios que aquellas otorgan. Siempre hemos creído que la reforma ha de ser gradual.
En cuanto a la posibilidad de que la Corte Suprema pueda acoger nuevas reclamaciones de los afiliados, incluso en un escenario de reajustes que las propias isapre han considerado insuficientes, tal cosa no se puede descartar y no puedo más que lamentar que estos delicados asuntos públicos terminen en los Tribunales de Justica, en manos de un actor que ha emergido con gran poder y con su singular manera de entender la realidad, siendo sobrepasada toda la institucionalidad que hemos concebido para el buen funcionamiento de la industria.
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