Menudo problema. Nos rebanamos los sesos hoy por hoy tratando de definir cómo vamos a devolver a los consumidores el dinero que surge de la multa que finalmente la justicia, después de una década y más, cursó a la industria de proveedores de medicamentos a público, las tres grandes cadenas que se han instalado en las mejores esquinas de la ciudad y que en algún momento se coludieron para fijar precios.
Celebra algún economista la cuidadosa aritmética de los cálculos, que corresponde a la diferencia entre precios cobrados versus precios que debieron haberse cobrado por un período de tres meses que duró la colusión todo multiplicado por el volumen de medicamentos despachados ¡Perfecto! Pero a su vez, ¡ridículo!
Me pregunto ¿cómo se castiga el daño a la fe pública, a la confianza ciudadana, a la salud, ocasionado por estos hábiles comerciantes?
¿Cómo se incorpora en los cálculos el impacto de estas arteras maniobras no sólo en la salud de los afectados, que a su vez pagaron de más y consumieron menos, sino también en aquellos que no consumieron porque no pudieron o que, en los alrededores de los directamente dañados, también se vieron afectados por haber sido testigos de esta desgraciada maniobra?
Y por último ¿cómo se incorpora a los costos los años que han transcurrido con este problema sin solucionar y la pérdida de la paciencia de afectados y testigos que se suma a las causas del estallido social de octubre en Chile? Es evidente, entonces, que la multa cursada es muy insuficiente para compensar el daño causado.
Hago mis propios cálculos y descubro que la pensión que recibiré cuando jubile, lo más tarde que pueda antes de estirar la pata, no me alcanzará para pagar todos los remedios que han sido prescritos para mis enfermedades crónicas.
Será mi propia culpa, alguien dirá. Pero lo que no es sólo mi culpa es que si viviera en Buenos Aires o en Barcelona me alcanzaría. Entonces recurro a Jorge Katz, economista de la Facultad de Economía y Negocios de mi propia Universidad y me pregunto ¿cómo se las arreglan en esos países para no pagar la “renta innovativa” de la Industria Farmacéutica que en el origen descubre moléculas beneficiosas para la salud por “ensayo y error” y por cada una que descubre desecha miles de investigaciones que no llegan a destino pero que han debido financiar mientras duraron?
Esa renta la pagamos en países como Chile donde sólo recurrimos a la libre competencia para resolver nuestros problemas.
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