Una tercera dosis de vacunas

El Ministerio de Salud ha anunciado que empezará la próxima semana a administrar una tercera dosis de vacuna contra el Sars-Cov-2, con AstraZeneca, Pfizer y CoronaVac. El esquema es heterólogo es decir inocular una vacuna de marca distinta a las inoculadas en las dos primeras dosis. La medida es tomada ante la evidencia que la inmunidad va decayendo con el tiempo distinto según la vacuna utilizada y de que es mejor ampliar el espectro de respuesta del sistema inmune.

Todo está muy bien desde el punto de vista técnico-científico hasta donde pueden predecirse los resultados de una medida de salud pública (lo que es en gran medida incierto todavía ya que faltan muchas evidencias). Sin
embargo, AstraZeneca tiene la complicación de asociarse a eventos de trombosis en personas susceptibles a este proceso vascular-sanguíneo. Al respecto, la Subsecretaria de Salud anunció que a las personas con eventos trombóticos o de coagulopatías sanguíneas (lo extiendo yo como médico, usaré en adelante solo trombótico) no se le pondrá esta
vacuna, sino que la Pfizer u otra que haya disponible o, en último caso, una tercera dosis de la misma CoronaVac. Todo sigue estando dentro de las medidas prudentes a tomar.

Sin embargo, anunció que se exigirá el certificado de padecer enfermedades trombóticas por un médico o institución de salud acreditada para hacerlo (documento de alta de un episodio, etc.). Esta medida me parece exagerada y en muchos casos absurda, además refleja una desconfianza en el paciente y restringe su libertad y autonomía responsable.

¿Para qué alguien va a inventar que tuvo un episodio trombótico a fin de no ser inyectado con vacuna AstraZeneca? La no inoculación con AstraZeneca en este caso es para proteger a la persona de un probable evento trombótico, luego están vivamente interesados la persona, el sistema de salud y el ministerio en que este evento no ocurra. Debe ser suficiente que la persona refiera un evento trombótico o similar (evaluado por el equipo que vacuna para lo cual debe estar preparado) para que se le administre otra vacuna. Más aún, y no es por mi profesión de genetista, creo que a todos los que tienen en sus familiares hasta de segundo grado de consanguinidad episodios trombóticos no debería administrárseles AstraZeneca. Familiares de primer grado son padres, madres y hermanos (consanguinidad de 1/2); de segundo grado son tíos, tías, sobrinos, abuelos, medios hermanos (consanguinidad de 1/4); los primos se alejan (consanguinidad de 1/8).

Esto se debe a que los episodios trombóticos tienen antecedentes hereditarios fundamentados y a que los familiares también comparten a menudo ambientes similares; pero sería aberrante que se le pidiera que presentara los antecedentes de los familiares; por lo demás algunos médicos tratantes pueden estar muertos o inubicables para pedirles telemáticamente un certificado del pariente. Por otra parte es necesario saber en el caso de las mujeres si están utilizando anticonceptivos en los que se haya detectado efectos trombosantes (hay varios en el tipo de progestágenos pero algunos han sido ya retirados del mercado). Los investigadores que desarrollaron AstraZeneca soben muy bien todas estas contraindicaciones.

Todo lo anterior es manejable con cierta facilidad, pero muestra la falencia en Chile del Estado que se hace cargo de la salud integral de la población. Si hubiese Estado en salud como lo hubo hasta bien entrada la dictadura cívico-militar pseudo-neoliberal, debido a la acción excelente del Servicio Nacional de Salud, ninguna de estas medidas y precauciones serían anunciadas por el ministerio.

El país y el Gobierno descansarían en este cuerpo profesional, científico, técnico, ético y estético que realizara todas estas acciones y como organismo de Estado estaría integrado también por la comunidad (que es Estado) bien educada por el sistema (como lo estaba) y todas las medidas fluirían regularmente con una comunidad preparada para implementar cualquier medida.

Esperemos que la nueva Constitución permita la creación de cuerpos del Estado dedicados a generar las políticas y programas de desarrollo, a su evaluación y fiscalización en todos los campos de la cultura chilena. En el campo de la salud un cuerpo que cree, administre, evalúe, fiscalice, desarrolle, actualice las políticas de salud; en el que estén integrados los colegios profesionales afines, las sociedades científicas, las organizaciones de base de salud, la academia, y cuyos miembros sean seleccionados por concursos transparentes con bases exigentes con dotaciones para entregar los servicios del más alto nivel científico, técnico, ético y estético, al más bajo costo, con distribución universal y equitativa, sin ninguna discriminación arbitraria por sexo, edad, etnia, estrato socio-económico, país de origen en el caso de migrantes, comuna y barrio, nivel cultural o cualquier otra.

Debe terminarse con el estado miserable de los servicios públicos que nos han dejado todos los gobiernos desde la dictadura cívico-militar hasta este último de Chile Vamos. Debe terminarse con el torrente de recursos y dinero que el Estado es decir todos los chilenos estamos entregando a las empresas privadas, sin nuestro consentimiento. Son empresas privadas, capitalistas, que se rasquen con sus propias uñas privadas y no le roben al bolsillo de todos los chilenos aunque según esta Constitución y leyes eso no es robo y se enmarca en un horroroso concepto fraudulento de Estado solidario donde el adjetivo solo existe pero el sustantivo Estado no se ve por ninguna parte, excepto en lo que compete a nuestro bolsillo. También la nueva Constitución tendrá que regular categóricamente la salida de cualquier dinero fiscal a cualquier parte y exigir, aquí sí, quora (plural de quorum en latín puede ser quorums) elevados para que el Parlamento autorice esos giros.

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