Visibilicemos el drama de la salud mental en Chile

Camila Flores

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Estamos viviendo una pandemia por el coronavirus sin precedentes en el mundo y en nuestro país. El impacto está a la vista: el año pasado la economía chilena sufrió la mayor caída en cuatro décadas, esto es, un preliminar 6% según datos oficiales. Uno de los síntomas de este duro golpe ha sido el derrumbe de miles de pymes del país.

Más de 1.800 procesos de liquidación se concretaron el año pasado, de los cuales el 54% se distribuyeron en regiones. Qué duda cabe que el crecimiento económico es clave para la estabilidad y el bienestar de las personas, pero hay otro aspecto tan fundamental como estas cifras que tristemente se invisibiliza: la salud mental.

El confinamiento que ha impuesto la crisis sanitaria ha sido un cambio radical para toda la sociedad chilena. Sin previo aviso, tuvimos que adaptarnos por largos meses a una medida extrema, a falta de una vacuna que recién este año llegó como una luz al final del túnel.

Nadie estaba preparado para la limitación a nuestras libertades individuales, tan esenciales para el normal funcionamiento de nuestra cotidianidad. Nuestros hábitos alimenticios, nuestros horarios de sueño, nuestras rutinas claramente se alteraron. El teletrabajo y la educación a distancia sumó un nuevo elemento de incertidumbre y de estrés y de ello las cifras hablan solas.

De hecho, una reciente investigación de la Universidad de Chile arrojó que casi el 50% de los chilenos cree que su salud mental empeoró con la pandemia. Ya el año pasado otro estudio de la Universidad Católica y la ACHS reveló que un 55% de las personas consultadas se sintieron más agobiadas de lo normal.

Con este preocupante panorama no podemos darnos el lujo de no tener una Ley de Salud Mental que garantice un presupuesto acorde para programas de prevención y tratamiento de enfermedades con este tipo de impacto en las personas.

Si bien el gobierno tiene un Plan Nacional de Salud Mental, éste no da abasto porque los programas de salud pública en esta materia son escasos. Existe falta de acceso y tratamientos casi imposibles de costear, así como una alta demanda de profesionales en los servicios de asistencia pública.

Por eso, requerimos redoblar los esfuerzos para inyectar más recursos y estar a la altura de los países de la OCDE. Chile es parte del 40% de países en el mundo que no cuenta con un marco jurídico acorde al actual contexto clínico que permita el adecuado manejo de una sociedad cada vez más enferma.

Requerimos entonces una institucionalidad sólida para que el sistema de salud funcione y no abandone a aquel paciente que necesita a tiempo un apoyo integral.

El año 2016 ingresó al Congreso el proyecto legislativo sobre "Protección de la Salud Mental" unido a la iniciativa que crea "Normas de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad o discapacidad mental". Sin embargo, dicho proyecto se encuentra aún en el segundo trámite constitucional en el Senado para su aprobación, sin haber tenido movimientos desde mediados de 2019.

Espero que la Comisión de Salud de la Cámara Alta dé la urgencia que exige una ley de esta envergadura, pero también llamo al gobierno a que ponga el foco en los reales desafíos de la salud mental en el país. Podemos partir con la prevención, pieza vital a la hora de frenar los efectos que nos dejará la pandemia que vivimos.