Por estos días -y luego de ser aprobado en el Senado- se ha discutido en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca fortalecer los derechos laborales destinados a la conciliación de la vida familiar con el trabajo.
Entre las medidas propuestas se encuentra incorporar en el Código del Trabajo principios de parentalidad positiva. Pero, ¿por qué incluirlos? ¿Qué tienen que ver? Las investigaciones muestran que existe una estrecha relación entre un desempeño laboral adverso y las prácticas de crianza ineficaces.
Ejercer el trabajo de manera desfavorable es resultado, entre otras cosas, de altas tasas de conflicto entre las exigencias laborales y la familia, lo que puede conducir a un mayor porcentaje de rotación en las empresas, insatisfacción laboral, abandono de los trabajadores y bajo compromiso con la organización.
Por otro lado, el conflicto entre el trabajo y la familia puede afectar de diversas maneras el entorno familiar, incluyendo impactos negativos en la salud mental y el bienestar de los padres, la satisfacción en las relaciones de pareja, los conflictos interparentales, la crianza de los hijos e hijas, y la autoeficacia de los padres, madres y cuidadores.
En consecuencia, no sorprende que los conflictos entre el trabajo y la familia puedan tener impactos a largo plazo en los niños y niñas, prediciendo aumentos en los desafíos emocionales y conductuales durante la infancia y la adolescencia. A su vez, estos efectos negativos también impactarán en la fuerza de trabajo del futuro.
¿Qué se puede hacer?
Debemos avanzar en entregar apoyo oportuno y proporcional a las necesidades de madres y padres que trabajan (tanto fuera como dentro del hogar). La evidencia ha mostrado que estos tienen una clara preferencia por programas basados en evidencia, facilitados por profesionales especialmente capacitados para ayudarles en temas de crianza.
Asegurar el acceso universal a programas efectivos podría satisfacer necesidades y asegurar resultados positivos en padres, madres y cuidadores que trabajan. Hacerlo con perspectiva de política pública, instalando capacidades en las redes ubicadas en los territorios, y con criterios de equidad y calidad, aumentaría la sostenibilidad de las iniciativas de apoyo.
El desafío más importante seguirá siendo avanzar, desde la ley y los códigos, a la implementación efectiva de estos principios. La ciencia de la implementación y los aprendizajes de las ciencias del comportamiento son esenciales para asegurar impactos reales en el desarrollo de entornos laborales más equilibrados, que entregan apoyo basado en evidencia a cuidadores que trabajan, para que logren una mayor conciliación entre las demandas cotidianas familiares y laborales.
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