De omisión a política de Estado: inclusión en los programas presidenciales
La inclusión ha sido la gran ausente de esta elección. No se ha tocado en franjas electorales, no ha sido consigna de campaña y solo la periodista Julia Vial- más por historia personal que por línea editorial del medio- fue la única que preguntó por ésta, aunque la entonces candidata Evelyn Matthei solo tuvo dos segundos para contestar en el debate Anatel. Esa omisión refleja que la discapacidad sigue fuera del centro de la conversación pública, pese a que en Chile el 17,6% de la población adulta vive con algún grado de discapacidad, es decir, 2,7 millones de personas. Si no la mencionamos en un debate, menos podremos gobernarla con compromiso.
Como del dicho al hecho hay mucho trecho, desde Fundación Tacal comparamos solo lo contenido en los programas presidenciales publicados en el Servel al 30 de octubre y no lo declarado en entrevistas y debates. El análisis lo hicimos según las seis dimensiones de desarrollo definidas por la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: trabajo, salud, educación, protección social, cultura y deporte.
La OMS y la OPS han sido claras: sin marcos intersectoriales y medibles, las personas con discapacidad seguirán enfrentando peores resultados sanitarios, educativos y laborales, no por su condición, sino por las barreras del entorno. El enfoque de derechos exige pasar de "lo que le falta a la persona" a "lo que falta en el sistema".
Lo que dicen (e invisibilizan) los programas
En esta segunda vuelta compiten Jeannette Jara y José Antonio Kast. Ambos abordaron en primera vuelta las seis dimensiones de inclusión, aunque con distinta profundidad. Esa base programática es la que hoy importa, porque muestra lo que cada proyecto político considera prioritario cuando se enfrenta a la posibilidad real de gobernar.
Jeannette Jara propone un sistema nacional de formación e inclusión laboral, una agencia de empleo que integre Sence, ChileValora y las OMIL, y un sistema nacional de cuidados con enfoque en apoyos y autonomía. Añade centros de recursos inclusivos y un plan nacional de discapacidad con participación de personas con TEA. Su programa reconoce varias áreas y plantea instrumentos concretos para empujar la inclusión.
José Antonio Kast propone prevención, rehabilitación y cuidados, con su "Plan Generación Dorada" para el envejecimiento activo y la formación de cuidadores, además de promover flexibilidad curricular y participación deportiva. Su aproximación pone énfasis en medidas sectoriales vinculadas a salud, educación y deporte.
Un país que sigue al debe
La ley 21.015 obliga a empresas y organismos públicos con más de 100 trabajadores a contratar al menos 1% de personas con discapacidad. Sin embargo, solo tres de cada 10 empresas cumplen, y el Estado incluso menos. Es una buena ley, pero si no se fiscaliza, sirve poco y nada.
El análisis evidencia que falta una estrategia clara para transformar los derechos en acciones concretas. La mayoría menciona la inclusión, pero sin gobernanza, presupuesto ni metas. Hay una brecha entre un marco legal robusto y una implementación débil. No bastan las intenciones; se necesita articulación interministerial y evaluación permanente.
En Chile, el 11,4% de la población adulta presenta discapacidad severa, el 9,8% está en situación de dependencia y las personas con discapacidad enfrentan mayores barreras de acceso a servicios, transporte y educación. Son brechas de sistema, no de voluntad individual.
Tres mínimos no negociables
Para que la inclusión deje de ser decorativa, se requieren tres condiciones: gobernanza interministerial con presupuesto, metas e indicadores; accesibilidad universal en infraestructura, transporte, información y servicios; y rendición de cuentas con participación efectiva de organizaciones de personas con discapacidad.
En Fundación Tacal sabemos que es posible. Llevamos 40 años formando para el empleo a personas adultas con discapacidad y acompañando a empresas para que la inclusión sea sostenida y medible. Pero ninguna experiencia institucional sustituye la responsabilidad del Estado.
De la inclusión declarativa debemos pasar a la inclusión estructural. Si en el próximo debate tampoco hablamos de discapacidad, no será por falta de evidencia, sino por falta de voluntad. Y eso, en democracia, se corrige con políticas, presupuesto y participación.
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