Chile envejece: dos de cada 10 personas en nuestro país tiene 60 años o más, según cifras del INE, casi el doble de lo que ocurría en la década de los noventa. Resulta evidente que para la sociedad esto representa desafíos para el sistema de salud, de pensiones, pero también para un ámbito poco tocado, pero clave: el empleo. Para hacernos cargo de esta realidad hoy, debemos mirar los datos en perspectiva: las proyecciones oficiales indican que un tercio de la población nacional estará integrada por adultos mayores en 2050, muchos de ellos activos y participando en la economía para aportar a sus familias.
Al mismo tiempo, consideremos que los chilenos postergan la edad de jubilación en comparación con sus pares de la OCDE: los hombres se retiran a los 67,3 años, en promedio, y las mujeres a los 63,7 años, según cifras de un estudio del Observatorio UC-Confuturo. De acuerdo al análisis, esto sucede, principalmente, por motivos económicos, mientras que otra parte lo hace para mantenerse activos.
Este marco -que indica que la esperanza de vida alcanza los 81,8 en Chile, la cifra más alta registrada-, nos lleva a reflexionar sobre los instrumentos con que contamos para incentivar el empleo "senior": hasta ahora, existe sólo un subsidio especial a la contratación de personas mayores, creado durante la segunda administración del Presidente Piñera, denominado "experiencia mayor", que claramente es un gran avance, pero requiere de mayor difusión y evaluación de funcionamiento. Está en discusión un proyecto de ley en el Parlamento que establece un "Subsidio Unificado al Empleo", que pretende unificar diversos instrumentos ya existentes, con el que se aportará en la creación de empleo formal, especialmente en cuatro grupos que enfrentan dificultades para acceder al mercado laboral: las mujeres, los jóvenes, mayores de 55 años y personas con discapacidad.
Como país, debemos enfrentar este escenario: estamos envejeciendo, pero los adultos mayores merecen vivir de manera saludable y tener acceso a empleos de calidad. Además de las evidentes necesidades de mejorar el acceso a la salud y pensiones, se requiere una política pública integral para la "nueva longevidad", cumpliendo lo que indican las convenciones internacionales y los lineamientos de la OMS para la "Década para el envejecimiento saludable".
Por ello, son medidas clave la implementación de oficinas de intermediación laboral especializadas (se podría pensar en las municipalidades), acceso a capacitación continua para actualizar competencias y la apertura a la discusión sobre "adaptabilidad laboral", pues muchas personas deben asistir de manera más frecuente, por ejemplo, a controles médicos.
Al mismo tiempo, este segmento debe mejorar sus conocimientos tecnológicos. Una encuesta indicó 82% de los adultos mayores indica que quiere incorporar más habilidades digitales. Una propuesta que se podría discutir apunta a que -desde los 55 años-, una parte de la cotización vaya a un fondo de capacitación de libre uso por parte del trabajador.
Chile debe hacerse cargo de esta nueva realidad: donde hay cada vez más adultos mayores, activos y con la voluntad de trabajar. Pero además de la adaptación de este segmento a mercados cada vez más exigentes, se requieren políticas de fomento al empleo enfocadas en este grupo y nuevos lineamientos que faciliten su permanencia en puestos de trabajo.
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