Diversidad, equidad e inclusión deben ser el "desde" en nuestros espacios laborales

María José Escudero

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Durante este mes de mayo se conmemoran varias fechas importantes, como por ejemplo el Día Internacional de los y las Trabajadores(as) o el Día de la Madre. En ese contexto, creemos como Fundación Ronda que es muy importante destacar los grandes avances que se han registrado en el país en materia laboral, como lo fue la reciente promulgación de la nueva ley que reduce a 40 horas semanales la jornada laboral, fomentando la corresponsabilidad y conciliación, lo que repercute directa y favorablemente a nuestras familias, pero también es necesario hacernos cargo de los desafíos aún pendientes.

Un estudio realizado por nuestra organización, a más de 5.000 trabajadores(as) de distintas industrias a lo largo de todo Chile, reveló que las personas perciben un contexto de discriminación al interior de las empresas no solo por pertenecer a algún grupo de personas que históricamente han tenido barreras de acceso a nuestra sociedad, como lo siguen siendo las personas migrantes, personas con discapacidad, de la comunidad LGTBIQ+ entre otras, sino que la percepción de discriminación estaba principalmente dada por "el cargo dentro de la compañía" (20%), seguido por la "situación socioeconómica" (15%) y en tercer lugar, por la "apariencia física" (12%).

Estas cifras revelan que la discriminación aún existe y está muy arraigada en nuestra cultura y organizaciones, por ello debemos seguir trabajando en conjunto, desde la sociedad civil, instituciones públicas y el mundo privado para erradicar estas prácticas.

Las organizaciones deben concentrar sus esfuerzos en medidas que apunten hacia espacios inclusivos y sin discriminación, para que cada trabajador y trabajadora pueda desenvolverse sintiéndose valorado en su diversidad, aportando el talento y la creatividad que es propia de una persona que trabaja motivada y feliz.

Actualmente contamos con leyes como la 20.609, conocida como Ley Zamudio, que establece medidas contra la discriminación, pero que necesita ser actualizada y fortalecida -está actualmente en proceso de reforma en la Cámara Baja-, con una definición e institucionalidad sólida que permita denunciar casos de discriminación arbitraria, pero sobretodo hacerse cargo de prevenirlos.

Mismo caso para la ley 21.015 que actualmente también busca ser perfeccionada en el Congreso, y que exige a organizaciones público-privadas sobre 100 trabajadores(as) la inclusión laboral del 1% de su planta con personas con discapacidad, que ya fue complementada con la ley 21.275 que exige entre otras cosas, que las empresas tengan gestores(as) de inclusión laboral certificados por ChileValora.

Lamentablemente hoy contamos con una cruda realidad respecto al cumplimiento de estas leyes: al día de hoy existen en Chile 52.533 contratos vigentes de personas con discapacidad (PcD) bajo la ley 21.015, lo que representa menos de la mitad de los 111.000 contratos que se registraron al momento de entrada en vigencia de la ley en 2018. Esta fuerte caída es preocupante y es deber de todos que no se transforme en una tendencia, ya que son cada vez menos las empresas que adhieren al espíritu de la ley, que es la contratación directa. Esto incluso sin considerar a los organismos públicos, que tienen aún menos exigencias y donde el incumplimiento es mayor.

Tenemos fe en que la discusión parlamentaria para actualizar la regulación vigente enriquezca estas leyes, y que las doten de medidas que incluyan una promoción de la descentralización, perspectiva de género, además de mejor fiscalización en instituciones, tanto públicas y privadas.

Además, anhelamos que se haga exigible la intermediación laboral, así como que nazcan nuevas políticas públicas que busquen reducir brechas en materias de educación y formación para las más de 3 millones de personas con discapacidad en nuestro país.

Desde Fundación Ronda queremos ser parte de este cambio en el ADN de las organizaciones hacia la inclusión sociolaboral, entregando apoyo especializado a las organizaciones y sus equipos directivos y de recursos humanos para que sean parte de la solución, principalmente porque esto también implica un profundo cambio cultural.

Llamamos a los y las empleadores(as) a que continúen impulsando medidas que apunten hacia una total y real inclusión en las organizaciones público privadas, en igualdad de condiciones y oportunidades para todos y todas, especialmente para quienes el trabajo no ha sido un derecho adquirido -como debiera serlo-.

En conjunto podemos promover la importancia y las ventajas de crear lugares de trabajo diversos, equitativos e inclusivos, que esperamos en un futuro cercano sean el piso desde donde co-construyamos nuestros entornos laborales enriquecidos y felices, y no sean simplemente un anhelo o deseo a largo plazo.