Mientras se desarrolla una nueva versión del Congreso Futuro, vuelve a instalarse una pregunta que no es nueva, pero que resulta imposible de esquivar: ¿Cómo se gobierna un país -y una sociedad- cuando el futuro dejó de ser una promesa y pasó a convertirse en una fuente permanente de incertidumbre? En ese mismo registro se inscribió el encuentro "Anticipar para Transformar Chile: una propuesta de institucionalidad del futuro", impulsado por Francisco Chahuán, y que contó con la participación del Presidente electo y de la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés.
No se trató de un ejercicio de futurología ni de un gesto retórico. La pregunta de fondo fue otra. Si contamos -o no- con capacidades reales de anticipación. Si nuestras instituciones están preparadas para aprender antes del colapso y no después. Y si la ciencia, más allá de producir evidencia, está siendo convocada a cumplir un rol estructural en la toma de decisiones colectivas, ampliando horizontes, advirtiendo riesgos y sosteniendo miradas de largo plazo. La paradoja es inquietante. Nunca tuvimos tanta información sobre lo que venía. Nunca supimos tanto sobre los límites del planeta, las tensiones geopolíticas o los riesgos tecnológicos. Y, sin embargo, nunca pareció tan difícil pensar más allá del aquí y ahora.
El 2026 comenzó con una señal inquietante: el orden internacional ya no se erosiona lentamente, se quiebra a la vista. La intervención directa de Estados Unidos en Venezuela, la presión renovada sobre Groenlandia y la incapacidad de los organismos multilaterales para frenar el genocidio en Gaza revelan un mundo donde las reglas se aplican de forma selectiva y los principios se subordinan al interés inmediato de quienes deciden. A ello se suma la violencia política en Irán, que expone con crudeza cómo la represión y el control se normalizan ante la mirada impotente -o cómplice- de la comunidad internacional. Lo que se desarma no es solo el derecho internacional, sino una expectativa cultural básica (que se fue instalando desde el Renacimiento): la idea de que existen límites compartidos que nadie cruza sin consecuencias.
En este escenario, la política, la economía y la tecnología operan en escalas distintas y mal acopladas. La política sigue atrapada en ciclos cortos; la economía se mueve en tiempos financieros acelerados; y la tecnología -concentrada en pocos actores globales- administra atención, datos y decisiones. Para los países más vulnerables, la dependencia ya no es solo económica: es tecnológica, cognitiva y estratégica. Cuando el conocimiento crítico, los sistemas de inteligencia artificial y las infraestructuras digitales están fuera, la soberanía se vuelve frágil, casi decorativa.
A un nivel más profundo, esta fragilidad se ve agravada por un riesgo silencioso y decisivo: la desinformación. No se trata solo de noticias falsas, sino de la erosión sistemática de los criterios que permiten distinguir lo verdadero de lo verosímil, lo auténtico de lo manipulado. En un ecosistema informacional saturado, la política se vuelve emocional, reactiva y fácilmente capturable, y la posibilidad de construir acuerdos mínimos se diluye. Sin un suelo compartido de sentido, la coordinación social se vuelve improbable.
Chile enfrenta este desorden global cerrando un ciclo interno particularmente frustrante. El gobierno de Gabriel Boric prometió una transformación profunda: un proyecto ecológico, una nueva matriz productiva basada en el conocimiento y el fortalecimiento de las capacidades públicas para enfrentar desafíos colectivos. Nada de eso ocurrió en la magnitud comprometida. Al igual que con los gobiernos anteriores, el país no se acercó siquiera al 1% del PIB en investigación y desarrollo; seguimos estancados en niveles que nos condenan a la periferia del conocimiento. La economía no logró desacoplarse del modelo extractivista lineal, y las universidades públicas -llamadas a sostener una estrategia de largo plazo- no fueron fortalecidas, sino sometidas a mayor presión financiera, burocrática y simbólica.
Pero el problema no es solo de incumplimiento programático. Es más profundo. Vivimos una doble crisis de sentido. Por un lado, hemos perdido expectativas positivas de futuro: el mañana ya no aparece como promesa, sino como amenaza. Por otro, carecemos de referentes colectivos a los cuales aferrarnos; proyectos comunes que ordenen el sacrificio, el esfuerzo y la espera. Sin futuro deseable y sin horizontes compartidos, la idea misma de progreso se vacía. La civilización entra en modo de administración del presente.
Aquí se revela una dificultad estructural que solemos ignorar. Decidir colectivamente en sociedades complejas no es cuestión de voluntad ni de liderazgo carismático. Requiere coordinación entre racionalidades distintas. Como advirtió Niklas Luhmann (ya a fines del siglo XX), la política, la economía, la ciencia y el derecho observan el mundo desde lógicas propias, que no se alinean de forma natural. Gobernar en serio implica crear condiciones para que esas racionalidades dialoguen, aprendan y se ajusten, en lugar de competir por imponer soluciones parciales y de corto plazo.
Lo que viene será convulso. Y precisamente por eso, la respuesta no puede ser el repliegue ni la nostalgia. Necesitamos recuperar la capacidad de pensar a treinta años, de tomar decisiones más coordinadas y reflexivas, y de construir mínimos de soberanía en conocimiento y tecnología. La resiliencia no es aguantar indefinidamente; es aprender, recordar y corregir rumbo sin destruir lo que sostiene lo común.
Tal vez el desafío más urgente de este tiempo no sea imaginar futuros grandilocuentes, sino algo más exigente y más básico: reconstruir capacidades de anticipación colectiva. Porque sin expectativas compartidas, sin referentes colectivos y sin un suelo común de verdad, no solo se debilita la política. Se pone en riesgo la posibilidad misma de legar un futuro habitable a quienes vienen después.
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