Nuestro país está acostumbrado a enfrentar diversas catástrofes naturales que ponen en jaque a la administración pública. Hace poco resentimos un sistema frontal, que afectó a gran parte del país con intensas lluvias que no se habían visto por la importante sequía resultado del cambio climático. Cada uno de estos eventos expone de manera contundente las profundas desigualdades arraigadas en nuestra sociedad que ante los estragos ocasionados por aluviones, terremotos, incendios, inundaciones cobran mayor relevancia en toda la población.
Lamentablemente en las catástrofes naturales o provocadas por la acción humana, y en general en situaciones de emergencia o crisis, son las mujeres, niñas y niños quienes se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad. Esto es una realidad transversal en cualquier gobierno y aún no es abordada sistemáticamente.
Además de enfrentar los desafíos usuales que surgen en tales circunstancias, también deben batallar contra obstáculos adicionales asociados al género. Entre las variadas barreras con las que deben lidiar, una de ellas es la carga impuesta por roles sociales que las hace responsables de atender las demandas de cuidados médicos y atención.
Además, su limitada participación en la toma de decisiones y en la planificación de respuestas acentúa la preocupación de que las medidas implementadas no logren abordar sus necesidades de manera adecuada. La falta de garantías en el acceso a insumos para la salud menstrual, violencia asociada al género y abusos son algunos de los temas que no son considerados al momento de gestionar una crisis.
Para abordar esta problemática de manera efectiva, resulta importante considerar una respuesta integral, desde todos los sectores. Ante la probabilidad de futuras crisis, epidemias y desastres, una de las medidas clave -aunque no la única- es la coordinación para la ampliación del uso de datos desagregados por género en las evaluaciones de necesidades durante y posterior a las crisis. De esta forma podremos obtener datos concretos sobre cuáles son las principales falencias del sistema que ataca directamente a mujeres, niñas y niños.
Asimismo, es esencial que políticos/as, líderes, el sector económico y la sociedad en su totalidad incorporen de manera consciente la desigualdad de género como un elemento central en la elaboración de políticas y estrategias de respuesta. Esto asegura que ningún segmento de la población se vea en desventaja o excluido en momentos de crisis, promoviendo así una respuesta inclusiva y equitativa.
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