Los últimos meses hemos sido testigos de un aumento preocupante en la violencia a lo largo de nuestro país. Esta se manifiesta en nuestros barrios, en los establecimientos educacionales y, lamentablemente, incluso en espacios públicos que por su naturaleza, deberían ser refugio de seguridad, como las plazas comunales. Ante las respuestas simplistas, es crucial profundizar en las causas que llevan a que conflictos que antes se resolvían con diálogo, ahora deriven en violencia.
Desde la perspectiva de un gobierno local, nuestra visión se nutre directamente de la experiencia de miles de vecinos y vecinas. Para quienes hemos vivido las consecuencias del Covid-19 en nuestra comunidad, el ámbito escolar hoy enfrenta una especie de segunda pandemia: el deterioro de la salud mental en niños, niñas y jóvenes. A esto se suman las brechas de acceso que replican la profunda inequidad territorial de nuestra región. Mientras en comunas del sector oriente, como Providencia y Vitacura, más del 40% de los jóvenes con problemas de salud mental recibe algún tipo de ayuda psicológica, en sectores como El Bosque, La Granja y, por supuesto, Renca, esta cifra apenas supera el 10%.
Obviamente, nuestras escuelas y liceos están insertos en un contexto social y urbano mucho más amplio. Esto exige una actuación coordinada de toda la institucionalidad del Estado para salvaguardar la seguridad en el espacio público y en los barrios. La ausencia de esta coordinación facilita el asentamiento del crimen organizado en nuestras esquinas, el reclutamiento de jóvenes para actividades delictuales y, lo más grave, la normalización de la violencia como método para resolver conflictos.
En Renca, estamos impulsando una reactivación integral de nuestros espacios públicos. Frente a lugares abandonados, estamos trabajando para cumplir el sueño de que, a solo 15 minutos, cualquier vecina o vecino pueda acceder a una plaza para descansar y disfrutar de recreación. Ante la sensación de inseguridad, estamos dotando a nuestros espacios públicos de mejor iluminación, mayor limpieza y una presencia municipal constante. Y para nuestros jóvenes con una salud mental debilitada, estamos yendo más allá de nuestras capacidades municipales, estableciendo alianzas clave para llevar a profesionales de salud mental directamente a nuestros establecimientos educacionales.
Sin embargo, estos esfuerzos, por sí solos, podrían resultar insuficientes si no van acompañados de la reconstrucción de nuestro tejido social. Ese es el camino para que la violencia no sea la alternativa para la resolución de conflictos. En su lugar, debemos fortalecer las redes de apoyo, implementar intervenciones con equipos especializados capaces de escuchar, atender y comprender los dolores y necesidades de nuestras comunidades.
Frente a la multiplicidad de discursos que ofrecen soluciones fáciles, el camino que debemos emprender para superar esta crisis de seguridad es largo, sí, pero de una riqueza mucho mayor. Es un camino de escucha, de cohesión social y comunidad. En síntesis, un camino diferente.
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