Saquemos a las fundaciones del pozo en el que se encuentran

María Paz Tagle Letelier

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Por definición, una emprendedora social es una mujer que trabaja buscando soluciones a problemas que se generan en su entorno o comunidad. Además de beneficiar a personas, por extensión sus acciones también son un aporte al país en su conjunto, porque han tenido vivencias que las marcaron de tal forma, que su propósito u objetivo en la vida es que nadie más pase por lo que ellas vivieron.

Con sus iniciativas nos liberan de cargas que muchas veces el Estado no alcanza a cubrir y de las que el sector privado mayormente no se preocupa. Y como agentes de cambio, generan conciencia en la sociedad sobre una problemática específica, inspirando a otras a emprender sus propias iniciativas con un foco social.

Pero para provocar ese impacto es necesario potenciarlas y visibilizarlas. Porque es preocupante la precariedad con la que muchas operan y el poco apoyo que reciben, pese al tremendo impacto social que provocan. Una situación que se ha agravado especialmente en los últimos dos años, debido a la crisis de confianza que detonó el llamado "Caso Convenios", que ha profundizado la fragilidad en la que se encuentran muchas organizaciones de este tipo.

El golpe de credibilidad que significó el despilfarro y los fraudes cometidos por unas pocas fundaciones vinculadas a políticos, terminó afectando con una disminución ostensible de los recursos públicos y de las donaciones privadas a quienes sí trabajan con esfuerzo y perseverancia por los grupos más postergados o desatendidos del país.

Una reciente encuesta del Centro de Políticas Públicas UC, que recogió la voz de 268 directores y directoras ejecutivas de fundaciones y corporaciones de todo el país, arrojó que 88% cree que este escándalo seguirá afectando su labor y 72% piensa que el aporte que realizan al país es menos valorado que antes. Peor aún, el efecto práctico de esto es que 30% de ellas reportó una caída en sus ingresos en el último año y 88% considera que el control burocrático del Estado ha aumentado.

Esta dramática realidad la confirma también un sondeo realizado este año por Mujer Impacta a 60 fundaciones con las cuales se vincula, el cual reveló que más de la mitad de ellas no podrá seguir operando en 2026, principalmente porque se les están acabando los recursos, que obtienen mayoritariamente vía donaciones.

En los 13 años que nos hemos abocado a hacer conocidas a emprendedoras sociales, principalmente a través del Premio Mujer Impacta, nos emocionamos profundamente al revisar las postulaciones que recibimos para elegir a las ganadoras de cada edición. No solo por las historias que hay detrás de ellas, sino también por la necesidad de recibir apoyo que evidencian. Este 2025 llegaron 640 postulaciones para solo 10 cupos, lo que demuestra la enorme cantidad de fundaciones que cumplen un papel silencioso en todos los rincones del país.

En esta década y media hemos sumado 107 galardonadas, que pasan a formar parte de una red integrada por 204 fundaciones de Arica a Punta Arenas -la más grande del país- con más de 3 millones de beneficiados en todo Chile. Allí comienzan a recibir capacitaciones, conexiones y una mayor visibilidad.

Pero nos encantaría poder hacer más. Duele pensar en todas las que siguen trabajando en el anonimato con una fuerza incalculable, pero con el gran desafío -en muchos casos es más bien una amenaza- de no contar con recursos, formación y visibilidad para lograr ser sostenibles en el tiempo.

La excesiva burocracia, la falta de orden en la documentación necesaria, los plazos que corren solo para quien postula y no para el Estado, les dificulta suscribir convenios, licitaciones y rendiciones, complicando la relación con los organismos públicos que podrían apuntalar su actividad en el tiempo. Y es que la gran mayoría de ellas no tiene las manos suficientes para encargarse de todas las exigencias administrativas para postular a recursos estatales y, al mismo tiempo, seguir cumpliendo su misión principal -el motivo por el cual existen-, que es ayudar a otras personas en el día a día, transformando barrios, comunas, ciudades o regiones completas.

Los más perjudicados son los miles de niños, jóvenes, familias, ancianos y personas con discapacidad o necesidades especiales que dependen del trabajo que hacen dichas fundaciones en ámbitos tan diversos como la educación, salud, reinserción, medioambiente, primera infancia y adulto mayor, entre otros. Ese papel esencial que desempeñan en el tejido social, siendo muchas veces la única presencia donde ni el Estado ni el mercado llegan, se verá truncado porque no cuentan con los recursos, la capacitación o el apoyo necesario para mantenerse a flote.

Por eso es urgente contar con un rol más protagónico de las personas, el Estado y el sector privado. Ojalá que las autoridades que se hagan cargo del país en marzo próximo, sean del signo político que sean, se preocupen de replantear las formas de financiamiento con las que operan las fundaciones, ya sea con un compromiso real del aparato público, alianzas innovadoras con empresas o impulsando modelos de autogestión. No hacer nada es dejarlas morir lentamente en una sociedad con múltiples carencias y necesidades que quedarán desatendidas.

No dejemos que estas emprendedoras sociales desaparezcan por falta de recursos, capacitación o apoyo por lo que hicieron otros. No dejemos que por culpa de algunas manzanas podridas se pierda el árbol. No dejemos que se hundan en un pozo frente a la indiferencia colectiva. Démosles ese respaldo que necesitan para seguir haciéndose cargo con valentía de problemas que nos repercuten a todos, porque con su trabajo moldean un Chile más inclusivo y empático. Y porque para muchas personas ellas son, en definitiva, su única esperanza para tener una mejor calidad de vida.