Cuando el testimonio no basta: la mesa donde aún faltamos
La semana pasada participé en Madrid en una agenda internacional organizada por la Federación Iberoamericana de Víctimas de la Violencia Vial (FICVI), junto a instituciones como Fundación MAPFRE, la Dirección General de Tráfico de España, OISEVI, SEGIB y RACE. Fueron días de seminarios, encuentros técnicos, cooperación regional, diálogo con autoridades y trabajo entre asociaciones de víctimas de distintos países iberoamericanos.
Más allá de la agenda formal, vuelvo con una reflexión que considero urgente: en seguridad vial se habla mucho de las víctimas, se valora su testimonio y se reconoce su fuerza ética, pero todavía cuesta mirarlas como actores reales en la toma de decisiones públicas.
Durante el acto final, Andrés Allamand, en su calidad de secretario general iberoamericano de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), recogió una palabra que se repitió muchas veces en las intervenciones de las asociaciones: evitable. Señaló que si este fenómeno puede medirse, entonces también puede prevenirse. Esa idea es central. Los siniestros viales no son fatalidades inevitables ni hechos aislados del destino. Son eventos prevenibles, con causas identificables, patrones repetidos, responsabilidades distribuidas y consecuencias profundamente humanas.
También Pere Navarro, director de la Dirección General de Tráfico de España, compartió una reflexión que me quedó dando vueltas. Señaló que, en sus viajes por Iberoamérica, ha visto cambiar autoridades, gobiernos y énfasis institucionales, pero que las asociaciones de víctimas siguen ahí: presentes, persistentes y haciendo incidencia. Un ejemplo inmediato de esa permanencia es Jeanne Picard, de Stop Accidentes, cuya trayectoria muestra cómo la memoria, el trabajo sostenido y la convicción pueden transformar el dolor en acción pública.
Esa permanencia dice mucho. Mientras las prioridades políticas pueden cambiar, las víctimas siguen recordando que la seguridad vial no puede depender del ciclo político ni de la voluntad momentánea de una autoridad.
En varios espacios se insistió también en la necesidad de avanzar juntos. Esa idea es importante. Pero avanzar juntos no puede significar solo escuchar a las víctimas para sensibilizar. Avanzar juntos supone reconocerlas como parte activa de la mesa donde se diseñan, financian, implementan y evalúan las políticas públicas.
Porque hay una tensión que debemos nombrar: muchas veces se nos alaba, se agradece nuestra presencia, se reconoce la fuerza de nuestros relatos, pero nuestro espacio sigue restringido. Se nos convoca para contar lo vivido, pero no siempre para decidir. Se nos escucha como testimonio, pero no siempre como propuesta. Se nos reconoce como memoria, pero no siempre como conocimiento técnico y político.
Y lo cierto es que en Iberoamérica muchas de las transformaciones más importantes en seguridad vial han tenido detrás el trabajo persistente de asociaciones de víctimas. En México, el avance de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial tuvo una fuerte incidencia de organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas, como Alma Chávez. En Argentina y España se han impulsado sistemas y redes de atención a víctimas. En Chile y Brasil, las organizaciones han contribuido a instalar debates y reformas en torno al alcohol, la velocidad, las drogas y la responsabilidad en la conducción. En distintos países, las asociaciones han empujado la visibilización de usuarios vulnerables, como peatones, ciclistas, niñas, niños y motociclistas.
Nada de eso ocurre solo por testimonio. Ocurre por trabajo, aprendizaje, estudio, alianzas, presión pública, propuestas técnicas y persistencia institucional.
Una frase de Dinorah Alcaraz, de México, me quedó profundamente marcada: "Uno es mucho". Y tiene razón. Una víctima es mucho. Una muerte es demasiado. Una lesión grave cambia para siempre una vida y reorganiza a una familia completa. Pero cuando ese "uno" es tu hijo, tu hija, tu hermana, tu pareja, tu madre o tu padre, deja de ser una cifra para convertirse en una ausencia imposible de medir.
También resonó la reflexión de Celia, de APASIT Guatemala, cuando planteó que luchan todos los días por velar por el derecho a una movilidad segura. Esa frase muestra con claridad que las asociaciones de víctimas no trabajan solo desde el dolor; trabajan desde una convicción de derechos. El derecho a desplazarse sin perder la vida. El derecho a que la calle no sea un espacio de amenaza permanente. El derecho a que la prevención sea una obligación pública y no una aspiración voluntaria.
En estos días también hubo rostros, gestos y escenas que me conmovieron profundamente. Me conmovió Ema, que tomó notas durante todo el encuentro para su abuela en Paraguay, y que se reconoce como víctima indirecta de la situación que vive su tío con discapacidad. En ella vi cómo la violencia vial no afecta solo a una persona, sino que se extiende por generaciones, reorganiza vínculos familiares y deja marcas que también heredan quienes cuidan, acompañan y recuerdan.
Me conmovió Larissa, desde Belo Horizonte, quien toma la posta de la dirección de su organización en memoria de su hermano Thiago, a quien sigue acompañando después de 20 años en una memoria cotidiana que se transforma en acción. Esa continuidad muestra algo muy profundo: hay ausencias que no se cierran, pero que pueden convertirse en una fuerza ética para proteger la vida de otros.
También me conmovió Jesús Monclús, de Fundación MAPFRE, cuando me relató con pasión cómo se acercó a la seguridad vial desde el estudio de los Sistemas de Retención Infantil, entendidos no solo como un dispositivo técnico, sino como una propuesta concreta que salva vidas. Años después, en la reunión de FICVI, fueron su hija y sus amigas quienes acompañaron como voluntarias este encuentro. Esa escena también habla de transmisión, de compromiso y de una sensibilidad que se construye en el tiempo.
Valoro también la presencia de Luz Ángela, de UNITAR, quien acompañó la acción, observó con respeto y apoyó la movilización de miembros de FICVI. En estos espacios, los apoyos concretos importan, porque permiten que las voces de las víctimas lleguen donde deben llegar.
Me dio mucha alegría abrazar a Flor y Héctor, de APASIT, a quienes conozco hace años en estas redes internacionales y que siguen impulsando cambios desde su lugar en el espacio vial. También fue muy significativo reencontrarme con Axel, de Fundación MEL, compañero del COSOC en Chile, con quien nos vemos telemáticamente una vez al mes. Faltaba el abrazo con ese colega de ruta que piensa de manera muy cercana sobre cómo debemos entender la incidencia ciudadana en seguridad vial: no solo como sensibilización, sino como una forma persistente de empujar cambios desde la sociedad civil.
También pude conocer y compartir con integrantes de otras organizaciones como MANU Vive, Céntrico, Reconocer, Gabi Bici Blanca, Estrellas Amarillas, ACONVIVIR y APIE. Y pido disculpas por quienes no nombro, porque igualmente acompañan mi pensamiento y forman parte de esta red iberoamericana que sostiene memoria, prevención e incidencia.
Por eso, cuando hablamos de seguridad vial, no basta con hablar de responsabilidad individual. Por supuesto que quien conduce debe respetar la velocidad, no beber alcohol, no consumir drogas, no usar el celular y comprender que manejar implica una responsabilidad social. Pero el problema no se agota en la conducta individual. También debemos hablar de corresponsabilidad.
Desde Fundación Emilia hemos insistido en que no basta con enseñar normas ni repetir mensajes de autocuidado. La educación vial no puede limitarse a decir qué está permitido o prohibido. Debemos avanzar hacia una educación ciudadana vial capaz de formar responsabilidad por las consecuencias: comprender que cada decisión en la vía pública puede afectar la vida de otra persona, de una familia y de una comunidad completa.
La corresponsabilidad exige reconocer que no todos los actores tienen el mismo poder ni la misma capacidad de acción. El Estado tiene responsabilidades normativas, fiscalizadoras, educativas y de protección. Las instituciones públicas deben coordinarse, generar datos, aplicar la ley y atender a las víctimas. Las empresas deben mirar sus operaciones, sus flotas, sus trabajadores, sus campañas y su impacto en la movilidad. Los organismos internacionales pueden impulsar estándares, cooperación y financiamiento. La sociedad civil puede incidir, educar y acompañar. Y las asociaciones de víctimas deben estar presentes no solo como relato, sino como actor técnico, político y ético en la construcción de soluciones.
Muchas veces las víctimas incomodan. Incomodan porque recuerdan lo que falló. Porque preguntan por qué no se fiscalizó. Porque insisten en que una muerte vial no puede tratarse como un costo inevitable del desarrollo. Porque muestran que detrás de cada cifra hay una familia, una vida interrumpida y un sistema que pudo actuar antes.
Pero esa incomodidad es necesaria. Las políticas públicas no avanzan solo desde la comodidad del consenso. También avanzan cuando alguien insiste, cuando alguien nombra lo que otros prefieren suavizar, cuando alguien transforma la experiencia del daño en una exigencia de cambio.
En Madrid se presentó el libro "Recuperando la esperanza. Nueva Narrativa e Índice Iberoamericano de Movilidad Segura". Ese título resume una parte importante de lo que vivimos esos días. Recuperar la esperanza no significa olvidar el dolor ni suavizar la gravedad de la violencia vial. Significa transformar una pérdida en acción colectiva, en prevención, en educación, en justicia y en política pública.
Pero para que esa esperanza no sea solo una frase, se necesita algo más que reconocimiento simbólico. Se requiere participación real, financiamiento, institucionalidad y voluntad política. Las asociaciones de víctimas sostienen una misión enorme, pero muchas veces con recursos escasos, con equipos pequeños y con una carga emocional permanente. Se espera que sensibilicen, acompañen, eduquen, propongan y estén disponibles, pero no siempre se les entregan las condiciones para hacerlo de manera sostenida.
Además, hay algo que también debemos decir con claridad, "no somos solo víctimas". Somos activistas profesionales de la prevención. Venimos de las ciencias sociales, la comunicación, la educación parvularia, la psicología, la ingeniería, el derecho, la salud, la gestión pública y muchos otros campos. Hemos aprendido, investigado, construido redes, elaborado propuestas y acompañado procesos de cambio. Cada asociación tiene una historia de pérdida, pero también tiene una trayectoria de trabajo y un sello profesional que aporta a la política pública.
Por eso, reducir nuestra participación al testimonio es insuficiente. El testimonio importa, pero no agota lo que somos ni lo que podemos aportar. Las víctimas de la violencia vial no estamos solo para conmover. Estamos también para transformar.
Una política pública que escucha a las víctimas solo cuando necesita sensibilizar queda incompleta. Una política pública que incorpora su experiencia, su conocimiento y su capacidad de incidencia puede ser más justa, más humana y más efectiva. La vida debe estar en el centro de las decisiones públicas. Y para que eso ocurra, las víctimas no pueden seguir fuera de la mesa donde esas decisiones se toman.