El costo invisible del TAG que los municipios subsidian
Hay gastos municipales que los vecinos ven todos los días: una plaza recuperada, una luminaria nueva, seguridad en los barrios o una calle que se repara. Pero existen otros que prácticamente nadie conoce y que consumen cientos de millones de pesos que podrían destinarse precisamente a esas necesidades. Uno de ellos son las famosas cartas por multas TAG.
Las comunas atravesadas por autopistas concesionadas convivimos hace años con una situación difícil de explicar: cuando una persona circula sin TAG habilitado, los municipios debemos asumir parte importante del proceso administrativo asociado a esas infracciones y financiar sus notificaciones.
La autopista es concesionada, el servicio lo presta y cobra una empresa privada, pero una parte relevante del costo administrativo termina siendo asumida con recursos municipales.
En La Cisterna, el gasto anual en correo pasó de $296 millones en 2019 a $782 millones en 2024, un incremento cercano al 164% en cinco años. Desde la pandemia este fenómeno se ha profundizado, al mismo tiempo que el aumento del costo de vida ha hecho más difícil para miles de familias mantener al día sus distintas obligaciones. Hoy la dimensión del problema es aún mayor. Entre procesos correspondientes a octubre de 2025 y abril de 2026, La Cisterna registra 558.836 comunicaciones TAG pendientes. Con un valor referencial de $1.500 por carta, estamos hablando de aproximadamente $838 millones sólo para efectuar esas notificaciones.
La contradicción es evidente. El Estado obliga a los municipios a notificar y, al mismo tiempo, la legislación contempla mecanismos para que los usuarios regularicen estas multas accediendo, bajo determinadas condiciones, a rebajas de hasta 80%.
Es correcto que existan alternativas para que una deuda no termine convirtiéndose en una carga permanente para una familia. Lo que no parece razonable es que el diseño del sistema no resuelva quién financia su administración y termine trasladando ese costo a los presupuestos comunales.
Y esto tiene una dimensión profundamente territorial. Mientras muchos vecinos de comunas populares realizan diariamente largos desplazamientos en transporte público para llegar a sus trabajos, nuestros municipios deben destinar cientos de millones de pesos a administrar infracciones originadas principalmente en una infraestructura concesionada.
Cada peso que gastamos en cartas certificadas es un peso que dejamos de invertir en seguridad, recuperación de espacios públicos, programas sociales, áreas verdes o mejoramiento de nuestros barrios.
El problema, además, hace tiempo está identificado. En 2024, el Ministerio de Hacienda, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y la Asociación Chilena de Municipalidades iniciaron una mesa para avanzar hacia un notificador electrónico municipal. En ese momento, el propio gobierno estimaba que durante 2023 los municipios del país habían gastado más de $20 mil millones en estos servicios, de los cuales más de $16 mil millones correspondían a la Región Metropolitana.
Ese camino debe acelerarse. No tiene sentido hablar de transformación digital del Estado mientras seguimos obligando a las municipalidades a imprimir, procesar y despachar cientos de miles de cartas certificadas. La tecnología existe. Lo que falta es adecuar nuestra legislación y nuestra institucionalidad.
Pero existe una discusión aún más importante: quién debe pagar por este sistema. Un negocio concesionado y costos municipalizados.
Las cifras ayudan a dimensionar la contradicción. Durante 2025, sólo tres de las principales concesionarias urbanas de Santiago -Autopista Central, Costanera Norte y Vespucio Sur- registraron utilidades que, en conjunto, superaron los $420 mil millones. No estamos, por tanto, frente a una actividad económica incapaz de solventar los costos asociados a su funcionamiento.
Las autopistas generan beneficios evidentes de conectividad para quienes las utilizan, pero su instalación y operación también producen externalidades sobre los territorios que atraviesan: fragmentación de barrios, espacios residuales, dificultades de conectividad local y sectores que posteriormente requieren mantención, fiscalización, seguridad y recuperación urbana.
¿Quién enfrenta buena parte de esas consecuencias? Nuevamente, los municipios. Se produce entonces una lógica difícil de justificar: las ganancias permanecen en la actividad concesionada mientras una parte de sus costos administrativos y territoriales se socializan a través del presupuesto público local.
No estamos planteando que las multas no se cobren ni que desaparezca la responsabilidad de quienes utilizan una autopista sin cumplir sus obligaciones. Estamos planteando algo bastante más sencillo: que una actividad concesionada que genera cientos de miles de millones de pesos en ingresos y utilidades no puede trasladar silenciosamente parte de los costos de su funcionamiento hacia municipios que tienen recursos limitados.
Las buenas políticas públicas no se miden solamente por la ley que se aprueba. También deben considerar cuánto cuesta implementarla, quién debe ejecutarla y quién debe financiarla.
Los municipios estamos disponibles para hacer nuestra parte. Pero nuestros recursos deben estar destinados principalmente a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y no a subsidiar con presupuesto municipal la burocracia asociada a un negocio concesionado altamente rentable. Modernizar el Estado también significa corregir esas incoherencias.