Gasto público y perdidas en Metro
En los últimos días se han planteado diversas ideas para reducir el gasto público ante la estrechez fiscal que enfrentamos. Una de las propuestas consiste en disminuir la evasión en Transantiago, que alcanza a 38,2% y representa unos $310.000 millones anuales (USD 330 millones).
Respecto de gastos y subsidios al transporte público, el Estado destina anualmente $1.466.629 millones para todo el país (dtpr.cl - 2024). En la Región Metropolitana, este gasto alcanza a $1.096.608 millones (75% del total), con un aumento de 42% respecto al año 2022.
Por otro lado, la empresa Metro de Santiago registra pérdidas acumuladas, entre 2020 y 2024, por $1.638.421 millones. Solo el 2024 las perdidas alcanzaron a $358.547 millones con un aumento de 61%, versus el año 2023 (cmf.cl) Estas pérdidas deben ser asumidas por el Estado, debiendo sumarse al gasto público y a los subsidios ya indicados.
Metro, desde 2020 (año de la pandemia), ha aumentado sus pasajeros en 143%, alcanzando los 640 millones el 2024. Sus ingresos han crecido 220%, y sin embargo sus pérdidas han aumentado 35%. Además, paradójicamente con pérdidas anuales promedio de USD 345 millones, el gasto en personal creció 52%, mientras que, riesgosamente los gastos en mantención por pasajero se redujeron 43%. Estos últimos datos requieren mayor análisis, especialmente frente a las recientes averías y contingencias en sus servicios.
El transporte público, incluyendo Metro y trenes, aporta importantes beneficios sociales, como ahorro de tiempo, descongestión, menor contaminación y reducción de accidentes. No se trata entonces de cuestionar los subsidios, sino de evaluar su pertinencia, eficiencia y distribución. Lo esencial es analizar el costo-eficiente de los servicios que se prestan y mejorar la gobernanza para garantizar un uso responsable de los recursos públicos.
¿Qué otros gastos y subsidios existen en transportes? Los gastos públicos exigen transparencia en los datos, exigen controles de contraposición, exigen de organismos externos que no solo revisen cifras, sino también la pertinencia y alcance de cada una de las decisiones que se toman usando recurso públicos.
Con estas consideraciones, se sugiere nuevamente la creación, para las empresas estatales del sector transportes (Ferrocarriles, Metro, puertos), de una contraparte que se encargue de los aspectos técnicos (movilidad y logística), de agregar valor estratégico y también del debido control financiero. Con esto, las decisiones sobre el gasto público en transporte podrían estar más claras (imputaciones) y además, un mejor resguardo de los recursos asignados.
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