Ingesta de alcohol al volante: el desafío cultural pendiente

Carolina Figueroa Cerna

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En los últimos meses hemos sido testigos de una preocupante recurrencia de hechos viales protagonizados por conductores en estado de ebriedad. Lo alarmante no es solo la frecuencia con la que estos sucesos aparecen en los noticieros, sino también el perfil de quienes los protagonizan: no son pocas las veces en que autoridades, figuras públicas o incluso políticos han estado involucrados, lo que agrava la percepción de impunidad y la falta de responsabilidad en quienes deberían dar el ejemplo.

Según los registros más recientes, entre enero y febrero de este año se contabilizaron 803 siniestros viales vinculados al consumo de alcohol, de los cuales 23 resultaron en fallecimientos. A pesar de que ya han pasado 13 años desde la promulgación de la Ley de Tolerancia Cero y 10 años desde la entrada en vigencia de la Ley Emilia, el problema sigue latente. Esto pone en evidencia que el cambio cultural necesario para eliminar la naturalización de la conducción bajo los efectos del alcohol aún no se ha concretado.

Uno de los aspectos más preocupantes es que muchos de los conductores involucrados en estos siniestros se encuentran en tal estado de ebriedad que huyen del lugar sin siquiera comprender la magnitud del daño que han causado. Esta conducta de fuga, lejos de ser un caso aislado, refleja la falta de conciencia sobre las consecuencias de sus acciones y refuerza la percepción de impunidad cuando las investigaciones posteriores no logran identificarlos o procesarlos adecuadamente.

Los casos que involucran a figuras públicas suelen ser particularmente mediáticos, pero en muchos relatos se omite el largo y doloroso proceso penal y civil que enfrentan las víctimas y sus familias. La percepción de impunidad se ve reforzada cuando las sanciones no se consideran proporcionales al daño causado, y esta situación se agrava cuando el relato se centra en el hecho en sí, olvidando el posterior calvario judicial de las familias afectadas.

Es urgente que comprendamos que el verdadero impacto de estos hechos no termina cuando la noticia sale de la pauta mediática. Para las víctimas, el siniestro vial es solo el inicio de un complejo camino marcado por la victimización secundaria, donde la búsqueda de justicia puede ser un proceso extenuante, lleno de obstáculos y, en muchos casos, frustrante.

Para avanzar hacia una cultura vial responsable, es fundamental garantizar que los procesos judiciales reflejen adecuadamente el impacto social y humano de los hechos, y que las políticas públicas apunten no sólo a prevenir sino también a reconocer y reparar el daño causado. Si queremos un cambio efectivo, necesitamos ir más allá de las leyes y abordar el problema desde un enfoque integral que considere educación, prevención, justicia efectiva y, sobre todo, el respeto hacia las víctimas y sus familias.