¿Quién quemó el Metro?

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A seis años de los hechos, aún no sabemos quiénes fueron los autores materiales ni intelectuales del mayor atentado a infraestructura pública desde el retorno a la democracia en Chile, la quema de estaciones del Metro de Santiago durante el estallido social. Hasta el día de hoy muchas cosas no cuadran.

Como ingeniero, investigador de metros del mundo y perito judicial en sistemas de transporte, los atentados al Metro de Santiago me sorprendieron profundamente. Habiendo estado en el Metro de Madrid durante los atentados de Atocha en 2004 y seguido de cerca esa investigación, los ataques incendiarios en Santiago despertaron en mí una doble inquietud profesional y ciudadana. Durante los primeros días tras los atentados, visité varias estaciones siniestradas para observar y analizar los daños que en ese momento sirvieron de fuente para la prensa cuando desde la empresa Metro se les negaba información^(25)(26)(27).

Una semana después de los incendios un canal de televisión me entrevistó, ya que yo tenía información técnica basada en observación directa, zonas de inicio del siniestro, daños incompatibles con simples artefactos caseros especialmente por la naturaleza ignífuga con la que se diseñan los sistemas de Metro⁽²⁴⁾. Pero había una dimensión que escapaba a mi alcance, ¿cuál podía ser la motivación política? ¿Quién se beneficiaba? ¿Podría esa dimensión incidir en el curso de la investigación, para bien o para mal? En búsqueda de orientación, llamé a un viejo amigo del servicio de inteligencia. Por obvias razones, él no podía compartir información conmigo, pero me dejó una pista: "Si la investigación quiere avanzar, debe haber peritaje internacional, y no quedar la investigación sólo en manos de las policías locales". Tomé esa advertencia en serio. En la entrevista planteé mi análisis de lo observado y la necesidad de un peritaje internacional forense, realizado por organismos especializados en atentados a infraestructura ferroviaria. Propuse nombres, sugerí protocolos⁽²⁴⁾. Han pasado seis años. No hubo peritaje internacional. Las causas se cerraron. Y el caso sigue cubierto por un espeso manto de dudas.

La noche del 18 de octubre de 2019, múltiples estaciones fueron incendiadas casi en simultáneo en distintas líneas. Las cifras consolidadas indican estaciones totalmente quemadas, otras con incendios parciales y más de 90 con daños severos con un daño patrimonial de cientos de millones de dólares^(1)(14). La distribución temporal y espacial de los focos sugiere, al menos como hipótesis razonable, un grado de coordinación. ¿Fue una suma de eventos espontáneos o un operativo planificado?

En atentados a infraestructuras críticas, el estándar mínimo incluye: preservación estricta del sitio del suceso, recolección y trazabilidad de residuos (químicos, artefactos), auditorías de control de accesos a dependencias restringidas, recuperación de cámaras y peritaje independiente, análisis integral de georreferenciación de dispositivos móviles, y cuando la complejidad lo amerita, apoyo de peritos internacionales. ¿Se cumplió ese estándar en Santiago? No^(1)(8)(9).

En los días posteriores circularon antecedentes oficiales que mencionaron el uso de acelerantes poco comunes e incluso retardantes, además de artefactos de ignición programada en algunas estaciones(3). Estos indicios se alinean con focos que iniciaron el fuego en lugares de acceso restringido (salas eléctricas, bodegas internas) descritos por fiscales y Bomberos⁽⁸⁾⁽⁹⁾. Sin embargo, la hipótesis de "acelerantes de difícil acceso en el mercado" fue matizada públicamente por el Ministerio Público y no se consolidó como línea prioritaria. ¿Se estudió la trazabilidad de acelerantes y dispositivos informados? ¿Se consultó a laboratorios externos especializados? No, siendo que en otros casos como el de Atocha en 2004, seguir esta línea investigativa permitió llegar al proveedor de los explosivos rápidamente y condenarlo en España a 34.715 años de prisión. En ese caso, el gobierno español también utilizó una tesis política culpando a ETA, no obstante una investigación rigurosa y rápida logró con apoyo internacional logró determinar que fue una célula de Al Qaeda echando por tierra la tesis del gobierno español.

Nuestra red de Metro cuenta con miles de cámaras, un sistema analógico de CCTV (Venus) cámaras centralizadas. Aun así, en varios puntos críticos no hubo imágenes útiles para identificar a los autores. En estación La Granja, por ejemplo, hubo lapsos de desenfoque justo cuando ingresaba un grupo de patrulla policial durante la madrugada, minutos después, el fuego se reactivó⁽²⁾. Un técnico del sistema de cámaras relató daños intencionales a DVR y equipos de registro ubicados en locales técnicos cerrados con llave, lo que habría inutilizado evidencia audiovisual clave⁽²⁾. Metro informó la entrega de aproximadamente 15.000-20.000 horas de video a las autoridades y, posteriormente, aceleró la migración a un sistema digital con grabación redundante.

A este cuadro se suma una arista institucional delicada, según coberturas de prensa, el entonces jefe del centro de cámaras del Metro en ese período, es hermano del general de Carabineros a cargo de la zona, quien lideró el dispositivo de orden público en zonas donde se concentraron varias estaciones incendiadas⁽¹⁶⁾. La coexistencia de esta relación entre el circuito de televigilancia del Metro y otro sobre el operativo policial plantea preguntas legítimas sobre apariencia de imparcialidad y posibles conflictos de interés. ¿Existieron protocolos de resguardo de independencia funcional entre el Centro Integrado de Control (CIC) del Metro y los mandos policiales? ¿Se auditaron las decisiones de priorización de cámaras, los registros de grabación activa y las comunicaciones CIC-policías durante la ventana crítica?

Esto es especialmente delicado debido a que existe evidencia audiovisual de ingresos a estaciones en horarios inusuales. En La Granja, cámaras captaron el ingreso de un grupo con características de patrulla policial y civiles, ninguno fue identificado ni citado a declarar, pese a la coincidencia temporal con la reactivación del fuego⁽²⁾. ¿Por qué no se abrió una línea específica sobre esa dotación? ¿Se cotejaron libros de guardia, bitácoras de servicio y geolocalización de patrullas? ¿Se aseguró peritaje de las imágenes por laboratorios independientes y se garantizó la cadena de custodia? No.

Otra anomalía fue la limpieza temprana de algunas estaciones antes de pericias completas. Se registraron labores de remoción de escombros y aseo a horas o pocos días, incluso se difundieron imágenes del entonces presidente de Metro realizando limpieza en una estación a pocas horas del siniestro. ¿Quién autorizó esas acciones? ¿Se levantaron actas, fotografías y rotulación de restos potencialmente probatorios antes de limpiar? ¿Tenían autorización de la Fiscalía para alterar la escena antes de las pericias? ¿Se contravinieron protocolos de preservación de la escena, afectando la posibilidad de identificar acelerantes, dispositivos o trayectorias del fuego?

En atentados complejos, el cruce de registros de teléfonos celulares presentes en el área de múltiples sitios siniestrados es una herramienta habitual de investigación. En Chile, se informó que el Ministerio Público solicitó listados de teléfonos conectados a antenas de cinco estaciones de la Línea 5 en la zona poniente^(11)(12). No obstante, no hay evidencia pública de un cruce multisitio y longitudinal para detectar teléfonos que estuvieron en varias estaciones secuencialmente cuando se desarrollaban los focos incendiarios. ¿Se pidió ese insumo de forma exhaustiva para las líneas 4 y 4A, donde hubo mayor destrucción? Si se realizó parcialmente en L5, ¿por qué no se extendió a todas las líneas afectadas?

Dado que varios focos iniciaron en dependencias de acceso restringido, un estándar básico era auditar electrónicamente el uso de llaves o tarjetas y el estado de cerraduras (forzamiento, apertura anómala) en la ventana crítica. ¿Se registró y cruzó esa información con los turnos del personal, mantenciones, contratistas y presencia policial? ¿Se identificaron accesos irregulares? No existen reportes públicos de resultados concluyentes en esta línea.

A los pocos días circularon tesis de injerencia extranjera (venezolana y cubana) apoyadas en una minuta presentada en una reunión en La Moneda y publicadas por medios de gran alcance que luego fueron matizadas o desmentidas por la propia Fiscalía^(17)(4). Paralelamente, el Presidente de la República dio declaraciones sobre una supuesta advertencia previa a los ataques con horas de antelación, precisando que el gobierno supo de los incendios con anterioridad(5)(6). ¿Desvió esta narrativa recursos y foco desde aristas domésticas hacia hipótesis sin sustento como la injerencia extranjera? ¿Se subestimaron informaciones previas y solicitudes de resguardo y cierre del Metro presentada por los trabajadores del Metro la tarde del 18 de octubre⁽²⁾?

El fiscal regional Metropolitano Oriente llevó la investigación de los atentados al Metro, pero recientemente y a partir del denominado "Caso Audios" (o Caso Hermosilla) se conocieron comunicaciones privadas que expusieron coordinaciones informales con actores políticos y judiciales. En ese contexto, diversos medios informaron la existencia de una reunión reservada entre el entonces fiscal regional Metropolitano Oriente y el Presidente en la casa del ministro del Interior en enero de 2020, es decir, en plena fase temprana de las indagatorias por los atentados al Metro^(20)(21)(19). El fiscal ha sostenido que no vulneró deberes de reserva ni independencia⁽¹⁸⁾, pero sus chats expuestos en otras aristas señalan lo contrario⁽²³⁾.

La sola existencia de reuniones extraprocesales entre un fiscal con competencia directa y el jefe de Estado tensiona la apariencia de imparcialidad y exige controles reforzados. Preguntas necesarias: ¿Se levantaron actas o minutas del propósito y contenido de esa reunión? ¿Coincidió con decisiones de no perseverar o con la postergación de diligencias sensibles (auditorías de accesos, pericias químicas, recuperación forense de CCTV, cruces amplios de telefonía)?. Si el Presidente declaró haber sido informado previamente de los atentados, ¿por qué esa arista no se investigó? Si no hubo registro formal, ¿qué mecanismo de auditoría ex post permite verificar que las líneas de investigación no se vieron condicionadas por consideraciones ajenas a los méritos del caso? ¿Por qué el conjunto de causas bajo la investigación de ese fiscal regional cerró mayoritariamente sin formalizados, con excepciones de baja monta^(1)(15)?

La magnitud, complejidad y sensibilidad social e impacto en el devenir de la democracia ameritan una relectura integral de la evidencia, con participación de peritos forenses independientes de equipos internacionales especializados en atentados a infraestructuras ferroviarias. Las tareas mínimas incluirían: repericia química de muestras y residuos conservados; auditoría de control de accesos y cerraduras; recuperación y análisis de soportes de CCTV con técnicas de laboratorio; cruce extensivo y proporcional de georreferenciación de dispositivos en múltiples estaciones; entrevistas e identificación de dotaciones presentes en escenas críticas; y evaluación de gobernanza y conflictos de interés en la operación del CCTV y la coordinación con fuerzas policiales.

Seis años después, el cuadro es inequívoco, una investigación fragmentaria que no agotó diligencias clave, escenas alteradas prematuramente, causas cerradas sin identificación de autores coordinados y más recientemente la revelación de reuniones secretas y extraprocesales entre el entonces fiscal competente y la máxima autoridad del Estado en plena fase temprana de las indagatorias, lo que tensiona la apariencia de imparcialidad en la investigación y el cierre de las causas. Sin prejuzgar a personas ni instituciones, estos antecedentes configuran preguntas razonables que sólo pueden resolverse con una reapertura de la investigación con peritaje internacional especializado en infraestructura ferroviaria; auditoría integral y externa de registros de acceso a zonas restringidas; recuperación y análisis forense de soportes audiovisuales con cadena de custodia verificable; cruce de datos de georreferenciación de teléfonos que estuvieron en distintas estaciones en las ventanas temporales donde estas fueron incendiadas; y transparencia activa sobre todo el acervo probatorio. Sea cual fuere la hipótesis, la única salida institucionalmente responsable con nuestra historia es una respuesta científicamente razonable, que permita cerrar, con evidencia y no con conjeturas, la herida abierta que este atentado incendiario dejó en nuestra convivencia social.

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