Comienza mayo y con él, desde Fundación Emilia, reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de la seguridad vial infantil. Este mes tiene para nosotros un significado profundo: es una oportunidad para visibilizar, a partir de la evidencia, la necesidad de transformar nuestras ciudades y nuestras prácticas en función de la protección de niñas y niños en el espacio público.
Las cifras son elocuentes. Entre los años 2015 y 2024, un total de 617 niñas y niños de entre 0 y 14 años fallecieron en siniestros viales en Chile, lo que equivale a un promedio de 62 muertes por año. Casi la mitad de estos fallecimientos (48%) corresponde al tramo de 0 a 5 años, lo que nos interpela de forma directa sobre la fragilidad de nuestro entorno vial y la falta de medidas específicas de resguardo hacia la infancia.
Además, los datos más recientes revelan un retroceso preocupante. Durante el año 2024, los fallecimientos infantiles aumentaron en 30% respecto al año anterior, alcanzando un total de 60 muertes, cifra que se asemeja a los niveles más críticos registrados en la última década. A este escenario se suma el hecho de que, entre 2015 y 2024, más de 4.300 niñas y niños resultaron con lesiones graves producto de siniestros viales. Las principales causas identificadas son la conducción no atenta (22,9%) y la imprudencia o descuido del peatón (16,4%), lo que evidencia la urgencia de avanzar hacia intervenciones sistémicas, integrales y sostenidas. En cuanto a la distribución territorial, las regiones con mayor cantidad de menores con lesiones graves entre 2013 y 2022 son la Región Metropolitana (21,3%), Biobío (12,5%), Araucanía (9,9%) y Valparaíso (9,4%).
La seguridad vial infantil no puede limitarse a una preocupación técnica. Es, por sobre todo, una cuestión de derechos. El derecho a la vida, a la salud, al juego, al acceso seguro a la escuela y a la participación en la ciudad son todos elementos que se encuentran comprometidos cuando un niño o niña no puede transitar sin riesgo.
Desde el enfoque de la movilidad segura, comprendemos que los errores humanos son inevitables, pero las consecuencias no tienen por qué ser fatales. Este enfoque nos invita a pensar el tránsito no como un conjunto de decisiones individuales, sino como un sistema compartido, donde las decisiones de planificación urbana, diseño vial, fiscalización, legislación y educación deben converger para evitar muertes y lesiones graves.
En ese sentido, uno de los elementos clave para la protección de la infancia es el uso adecuado del Sistema de Retención Infantil (SRI). Sabemos que el uso correcto de sillas y butacas puede reducir en más de 60% el riesgo de muerte en menores de 4 años. A pesar de ello, en Chile su utilización sigue siendo baja, especialmente en trayectos cortos o dentro de zonas urbanas. Promover su uso no es solo una acción técnica; es una medida concreta de cuidado, prevención y responsabilidad compartida.
A esto se suma una dimensión esencial: la ciudadanía. La infancia no puede ser pensada solo como futuro, sino como presente. Niñas y niños ya son ciudadanos y ciudadanas, con derecho a vivir su ciudad de manera activa, segura y respetada. Garantizar la movilidad segura para la infancia es una forma concreta de reconocer su ciudadanía, de asegurar su derecho a participar en la vida comunitaria y de construir un país más justo desde la base.
Este mes de mayo, queremos invitar a todos los sectores -autoridades locales y nacionales, instituciones públicas y privadas, medios de comunicación, escuelas y familias- a reflexionar, conversar y actuar. Porque garantizar la seguridad vial infantil no es solo tarea de un sector específico. Es una responsabilidad compartida, una expresión ética de cómo entendemos la vida en común y cómo protegemos a quienes más lo necesitan.
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