Con secretismo y "equivocaciones" públicas se protegen los negocios privados
En Cooperativa ya hemos dado cuenta de lo que sucede con el hotel Punta Piqueros en Concón, cuyo permiso de edificación del 10/01/2011 fue anulado por la Corte Suprema, pero -¡oh sorpresa!- el jueves 18/07/2024 se publicó en el diario El Mercurio una noticia titulada "Bajo reserva continuarán tratativas para evitar demolición de hotel Punta Piqueros" (sic). Es decir la 5ª Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso utiliza la indigna práctica del secretismo para resolver una materia que es "cosa juzgada" por la Corte Suprema, razón más que suficiente para sostener que ese "arreglín" no debiera prosperar. Y aunque los lectores no lo crean, los jueces impidieron que el abogado Rolando Contreras, quien se opone a la conciliación, intervenga como tercero coadyuvante, razón por la cual éste tuvo que interponer recientemente un recurso de reposición.
Durante la semana pasada, en un farandulero programa del canal abierto Chilevisión se entrevistó al disruptivo hombre de televisión Emeterio Ureta, quien mostró en cámara oficios de la dirección de obras de la Municipalidad de Lo Barnechea y sentencias del juez de policía Local, en los cuales se daba cuenta que un particular, vecino de su casa-habitación localizada en El Arrayán de esa comuna, había ocupado un terreno singularizado como bien nacional de uso público, habiendo construido allí una vivienda. Ureta es un deslenguado ciudadano que no miente y en la ocasión trató de la peor manera a todas las autoridades municipales.
Debido a que este columnista consideró que esta denuncia pública, a cara descubierta, lo que es muy meritorio, era grave, el mismo día por mail le consulté a Marcela Migueles, funcionaria que había firmado los oficios incriminatorios, en qué fecha su función municipal iba a recuperar el terreno tomado aviesamente por un privado "pasado pa' la punta", desenmascarando transparentemente al sujeto.
Ella, que posiblemente es hermana o al menos pariente de Gonzalo Migueles, novio de Ángela Vivanco, magistrada de la Corte Suprema, optó por no contestar, aunque sí le dijo a Chilevisión que, después de nuevos y rápidos análisis, por arte de magia, llegó a la conclusión que el terreno era privado y para castigar al acusete, manifestó que su casa-habitación carecía de recepción final de obras.
La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) recientemente, desconociendo el artículo 55° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y los artículos 2° y 3° del DL 3.516, cuerpos legales que impiden expresamente las subdivisiones prediales en parcelas de agrado para fines habitacionales en territorios rurales del país, decidió motu proprio que 8 loteos ejecutándose ilegalmente en la Región de Los Lagos debían someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Podríamos suponer que dicha SMA desconoce los dictámenes de la Contraloría General de la República y fallos de la Corte Suprema al respecto.
Ella, Marie Claude Plumer, quien es abogada, estimaba erróneamente que su decisión se ajustaba a una disposición contenida en el reglamento del SEIA, que exige la evaluación ambiental para los proyectos de desarrollo urbano "que contemplen conjuntos habitacionales con una cantidad igual o superior a ochenta (80) viviendas o, tratándose de vivienda social, vivienda progresiva o infraestructura sanitaria, a ciento sesenta (160) viviendas". De su simple lectura, hasta un estudiante en práctica concluye que esta disposición es inaplicable, razón por la cual esta equivocación se denunció el 12/07/2024 en la Contraloría General de la República. Debido a que las obras ilegales se estaban ejecutando, la SMA debió iniciar un procedimiento sancionatorio por daño ambiental en conformidad con la ley 19.300.
Cumpliendo con nuestra voluntaria labor de fiscalización ciudadana, ante una intentona de la Asociación de Oficinas de Arquitectos A.G., cuyos integrantes proyectan para la élite para mejorar el negocio inmobiliario en el ámbito de los conjuntos armónicos en terrenos afectos a utilidad pública, el 07/07/2024 le solicitamos a la contralora Dorothy Pérez una reconsideración a un dictamen erróneo firmado por el anterior contralor Jorge Bermúdez.
Con estos indesmentibles ejemplos de malas prácticas se demuestra que el Poder Judicial, las municipalidades y los servicios de la administración deben entender que la ley siempre se debe respeta
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