Información y transparencia para administrar mejor los inmuebles de todos
El Senado ha estimado necesario revisar en su Comisión de Defensa el proyecto de ley que eleva los deberes de información de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad respecto de los inmuebles fiscales que administran. Se trata de una moción indicada el presente año por el Ejecutivo y aprobada por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales de la Cámara Baja.
Este sucinto, pero importante, proyecto se hace cargo de las negativas implicancias derivadas de la existencia de numerosos inmuebles fiscales -es decir, pertenecientes a la nación toda- que no figuran en el catastro de la propiedad fiscal o no se encuentran destinados con un acto administrativo que permita asegurar su correcta administración.
A lo largo de todo Chile, este tipo de inmuebles permanecen ociosos o son objeto de ocupaciones ilegales, ya que su indeterminación impide administrarlos e invertir en ellos. Esto retarda -a veces por décadas- su puesta a disposición de mejores usos (seguridad pública, vivienda social y seguridad fronteriza, principalmente) y afecta los propios intereses institucionales de las Fuerzas Armadas.
Este último es el caso de los inmuebles que pertenecen a sus patrimonios de afectación fiscal (cuyos servicios de bienestar pueden enajenar), muchos de ellos retazos fiscales asignados gratuitamente cuyos deslindes suelen ser poco claros o contener construcciones propias de sus funciones de defensa y no bienestar, lo que les impide invertir en mejoras o enajenarlos cuando lo estiman necesario.
El proyecto armoniza la normativa vigente con la jurisprudencia asentada en la materia por la Contraloría General de la República, impidiendo interpretaciones contrarias a derecho que en la práctica paralizan suelo fiscal, y acogió las observaciones que cada una de las ramas hizo a través de los ministerios correspondientes.
Instituciones como la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile ya se rigen conforme a esta jurisprudencia, en plena concordancia con la normativa que le corresponde aplicar a Bienes Nacionales, cartera encargada de velar por la correcta administración de la propiedad fiscal. De ahí el buen ritmo que ha existido durante la actual administración en la renovación y creación de nuevos complejos policiales, fronterizos, comisarías y escuelas de formación.
La correcta administración de la propiedad fiscal tiene un impacto directo en la agilización de la inversión pública y el oportuno desarrollo de proyectos de interés nacional. Es en este sentido que el proyecto de ley en cuestión constituye una significativa puesta al día.
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