Las Condes no debió pagar una "indemnización" de US$ 10 millones a una inmobiliaria

Patricio Herman

Ultimos publicados:

• La "operación Cuprum": el silencio cómplice del poder político
• Las Condes no debió pagar una "indemnización" de US$ 10 millones a una inmobiliaria
• Se deben utilizar los derechos reales de conservación

El viernes 16 de mayo del año en curso, la prensa informó en los siguientes términos que la Municipalidad de Las Condes concretó el pago de US$ 10 millones a la Inmobiliaria Nueva El Golf SpA, dando cierre a una larga disputa judicial que se arrastra desde 2016. La actual alcaldesa, Catalina San Martín, confirmó la transferencia de los fondos y apuntó directamente a la gestión de Joaquín Lavín (UDI), como responsable de la condena que afecta hoy las finanzas municipales.

"Es un daño enorme al patrimonio de los vecinos de Las Condes. Esto va a tener un grave impacto en las finanzas de la comuna y podría condicionar la ejecución de proyectos muy relevantes para nosotros como la construcción del nuevo Cesfam", manifestó después concretar el desembolso ordenado por el Cuarto Juzgado Civil de Santiago. Recordemos que por ese Cesfam la Fiscalía ya está investigando a la anterior alcaldesa, Daniela Peñaloza, pues autorizó un desproporcionado pago por la compra de un inmueble.

En síntesis, los medios que se refirieron al caso sostuvieron que "el origen del conflicto se remonta a 2016, cuando bajo la administración de Lavín se ordenó la paralización de las obras del proyecto 'Vespucio 345', en el sector de El Golf, pese a que contaba con permisos de edificación. Según argumentó en ese entonces el municipio, existían discrepancias en el metraje del terreno informado por la inmobiliaria, lo que habría afectado el cálculo de la constructibilidad".

Teniéndose en cuenta que la situación es muy distinta a lo que se dice, lo que podría ser hasta comprensible pues la prensa reproduce al pie de la letra lo que expresan las autoridades en sus comunicados, a continuación manifestamos que estamos ante una situación bastante grotesca y demostrativa, una vez más, de la corrupción existente en nuestro país y en especial en Las Condes. De partida, al contrario de lo que aduce la prensa, no hay discrepancias (sic) en el metraje del terreno.

Pues bien, la Inmobiliaria Nueva El Golf SpA había comprado a la Universidad Mayor varias antiguas casas que se emplazaban en terrenos que enfrentaban la Av. Américo Vespucio Sur por el oriente, la calle Renato Sánchez por el norte y la calle Asturias por el occidente, con el propósito de demolerlas, fusionar los predios, y construir un par de torres habitacionales, equipamientos y estacionamientos.

Tan pronto se inscribió la fusión predial en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) la inmobiliaria ingresó en la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes una solicitud de permiso de edificación acogido a los beneficios urbanísticos de los Conjuntos Armónicos pues, según la empresa, el terreno tenía una superficie de 7.505,21 m2, medida superior a los 7.500 m2, fijados para exceder en 50% el coeficiente de constructibilidad y en 25% la altura máxima de 15 pisos fijada para la zona en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Las Condes y así se otorgó un permiso de edificación para construir 2 torres habitacionales.

Pero resulta que el terreno no tenía la superficie indicada por la empresa, aceptada irresponsablemente por la DOM de Las Condes, vale decir, el proyecto no podía acogerse a los beneficios constructivos en comento, asunto que fue ratificado en un levantamiento topográfico del Idiem (Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales), dependiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile que, en su correspondiente informe técnico, concluyó que el terreno tenía solo 7.371,54 m2.

A la luz de lo anterior, la seremi del Minvu le ordenó a la DOM de Las Condes que invalidara el permiso, funcionaria municipal que desacató la instrucción impartida por su superiora jerárquica, ante lo cual el entonces alcalde Lavín, sin tener atribuciones para ello, procedió a firmar el acto de invalidación del permiso y por ello el proyecto estuvo paralizado por un cierto período de tiempo, motivo por el cual el privado recurrió a la Justicia solicitando una abultada indemnización "por falta de servicio" . Los abogados municipales curiosamente fueron muy chantas en sus alegaciones ante los tribunales y los exalcaldes Lavín y Peñaloza, ambos UDI, no se interesaron mayormente en cautelar los intereses municipales.

En este burlesco escenario, con la exconcejal de Las Condes Isidora Alcalde y el abogado Gabriel Muñoz nos reunimos con el Consejo de Defensa del Estado (CDE), explicándole con lujo de detalles todo lo acontecido, en especial la sospechosa desobediencia de la funcionaria municipal a su jefatura técnica, para que se hiciera parte en el juicio cautelando el interés público comprometido, pero se nos respondió que esa petición debía ser formulada obligatoriamente por la alcaldesa de Las Condes, ante lo cual le pedimos a la nueva alcaldesa, Catalina San Martín (independiente de derecha), que en el más breve plazo recurriera al CDE para que éste, con sólidos argumentos legales de fondo evitara la cuantiosa e injustificada indemnización. Si la DOM de Las Condes le hubiera obedecido a la seremi del Minvu el resultado del episodio sería otro, ya que el voluntario error de Lavín dio pábulo a la sanción pecuniaria.

Por motivos inexplicables, la alcaldesa San Martín desestimó nuestra necesaria propuesta y, por lo tanto, se negó a recurrir al CDE, con el grave resultado monetario que todos conocemos. Entonces es hasta risible que la avispada inmobiliaria haya tenido en este negocio una doble ganancia al margen de la ley: una, por construir mayor cantidad de m2 por considerarse que el proyecto era Conjunto Armónico y la otra, por la abultada indemnización resuelta por la Justicia, ya pagada, como un regalo, por la actual alcaldesa San Martín.

En concreto, ¿por qué Lavín, Peñaloza y San Martín no recurrieron al CDE en este fulero litigio que favoreció al privado? Esta es una legítima pregunta que nadie del establishment responderá, pues los US$ 10 millones son muy apetitosos, y por ello es indispensable que el CDE, de oficio, asuma su responsabilidad cautelando el interés fiscal. Si es así y este impúdico negocio llega al Ministerio Público, el fiscal asignado al interrogar a todos los involucrados se va a encontrar con numerosas sorpresas, una de las cuales es porqué la seremi del Minvu no denunció en la Contraloría General de la República a la funcionaria municipal que se resistió a invalidar el permiso mal otorgado.