El pasado 9 de enero se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo N° 7, que aprueba el Reglamento de la Ley de Copropiedad, que desarrolla y complementa la nueva ley de Copropiedad, otorgando precisión y aplicabilidad en las disposiciones normativas, impactando en la gestión y organización de las comunidades que habitan en condominios a lo largo del país.
La promulgación del Reglamento de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria 21.442 marca un hito significativo en la gestión y administración de condominios en Chile, en el que, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de la Secretaría Ejecutiva de Condominios, generamos este cuerpo legal que viene a reforzar la estructura legal existente, también, introduce importantes cambios para garantizar una mayor transparencia, inclusión y sostenibilidad en las comunidades de copropietarios, con algunos puntos que son importantes a destacar, para entender la profundidad y diversidad de aspectos que aborda esta nueva ley.
El reglamento fortalece la participación en las decisiones comunitarias mediante la representación automática de los copropietarios, un avance crucial para asegurar que todos los ocupantes, incluidos los arrendatarios, puedan tener voz en las asambleas. Además, la incorporación de asambleas virtuales y mixtas refleja un enfoque moderno que permite adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas, facilitando la inclusión de quienes no pueden asistir presencialmente.
Uno de los pilares del nuevo reglamento es la mejora en la gestión financiera. Se establecen normas contables detalladas que aseguran un desglose claro de los ingresos, egresos y pasivos, actualizados mensualmente para mantener a los copropietarios informados. La publicidad de morosidad, aunque cuidadosamente regulada para proteger la privacidad, permite a la administración ser más eficiente en la gestión de deudas.
El mantenimiento de los bienes comunes es esencial para la seguridad y funcionalidad de cualquier condominio. La obligación de elaborar planes anuales de mantención y la creación de un acta inicial por parte del primer administrador son medidas que promueven la transparencia y la planificación adecuada desde el inicio.
La seguridad es otro aspecto clave abordado por el reglamento. La implementación de seguros colectivos contra incendios y la atención especial a las viviendas sociales refuerzan la protección de los copropietarios frente a posibles riesgos.
Se fomenta movilidad sostenible, porque el reglamento exige que los nuevos proyectos incluyan estacionamientos para bicicletas, ajusta los criterios para los estacionamientos de automóviles en viviendas de interés público, adaptándose a las particularidades de cada comunidad.
Creación de un registro actualizado de copropietarios, arrendatarios y ocupantes, con plazos y sanciones claras, garantiza que las administraciones puedan gestionar eficazmente la comunidad y mantener un control adecuado de los residentes.
El reglamento establece que el 15% de los copropietarios o arrendatarios pueden presentar reclamaciones formales contra los administradores, asegurando mecanismos accesibles para abordar incumplimientos.
Las disposiciones en los reglamentos de copropiedad que no se ajusten a la ley o al nuevo reglamento serán nulas, asegurando que las normativas comunitarias estén alineadas con la ley y ofreciendo un marco supletorio para asuntos no regulados.
La implementación del reglamento de la ley fortalece el trabajo que llevamos a cabo en el Minvu, y representa un avance hacia una gestión de condominios más moderna, transparente y equitativa, adaptada a las necesidades actuales de las comunidades. A su vez, nos plantea nuevos desafíos para la coordinación y trabajo con diversos organismos públicos y la aplicación normativa en la vida cotidiana de las comunidades que habitan en condominios.
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