5G, más conectividad y más inversión

Hace unos días, en un contexto donde la pandemia y los efectos del Covid-19 hacen ver las luces y sombras sobre la importancia de la conectividad y acceso a internet, finalizaba la convocatoria del concurso público por nuevas concesiones de servicios inalámbricos para redes de alta velocidad, donde se confirmaba que Chile daba inicio hacia la tecnología 5G.

El imaginario 5G remite a vehículos autónomos, cirugías a distancia, drones haciendo reconocimiento facial, visores 3D de realidad virtual inmersiva accediendo en tiempo real a un partido del Bayern Munich en el Allianz Arena. Todo eso está, pero en modo beta, pilotos en laboratorios y varios prototipos desplegados por el mundo. Los ingenieros y diseñadores han demostrado que es posible, ahora la tarea está en manos de economistas y comerciales que andan detrás del modelo de negocio que haga viable la inversión.

5G se refiere a un ecosistema híbrido, de una combinación dinámica y convergente de distintas tecnologías móviles y fijas, alámbricas e inalámbricas, con nuevas interfaces que harán posibles promesas de menor latencia, más fiabilidad, robustez de red y mayor eficiencia espectral, capaz de habilitar un nuevo conjunto diverso de servicios de alto valor agregado, principalmente enfocado a usos industriales.

Así, por ejemplo, en la industria logística y de comercio electrónico una baja latencia tiene un impacto económico bastante inmediato. Declara Amazon que cada 10 milisegundos de baja latencia, en cualquier tipo de transacción, representa el 1% de los ingresos totales del mercado que está marginando.

Los analistas consideran que la implementación de la tecnología 5G en nuestro país generará un impacto económico de US$207 mil millones para el año 2035, convirtiéndose en uno de los motores de la recuperación económica (Omdia, 2021). Así, Chile daba el primer paso del proceso, recaudando por el acceso y uso al espectro radioeléctrico, mediante un forzoso modelo de subasta, cerca de US$453 millones. En Estados Unidos, la subasta recaudó US$81.000 millones; Corea del Sur US$3.218 millones; Reino Unido €$1.587 millones; Italia €$6.550 millones; Alemania €$6.600; Francia €$2.800 millones de euros (Bank of América, 2021).

En Chile, además de la inversión por espectro, hay que contemplar la inversión para el despliegue de la red y el costo por los derechos de uso de este nuevo espectro concesionado, que en este último caso asciende casi a US$100 millones de dólares al año, por 30 años, es decir, US$3.000 millones de dólares.

Construir una nueva red 5G, dada la densidad que implica su despliegue, requiere de una inversión 5 veces más que la inversión anual del sector. Un plan maestro de despliegue de infraestructura 5G implica una alta inversión para pasar de 23 mil a 60 mil antenas, contar con redes hiperdensificadas y robustas (FO, FTTH, Torres, Edge); nuevos modelos de infraestructura; bajo impacto arquitectónico; infraestructura multicliente; doblar la cantidad de POP (Point of Presence de red). co-locaciones y adosamiento de BTS, small cells, postes multifuncionales, Sistemas Distribuidos de Antenas, DAS, infraestructura outdoor/indoor; arriendo de sitios; nuevos equipos de radio, más el mantenimiento, equivalente a US$3.500 millones en 5 años. A esta cifra hay que agregarle toda la inversión en fibra óptica en igual período, teniendo que sumar adicionalmente una inversión de US$2.500 millones.

Estamos hablando de una red en régimen, con cobertura y capacidad, de US$6.000 millones de dólares. Recordemos que, en Chile, la inversión en el sector telecomunicaciones en los últimos cinco años, ha sido de US$14.500 millones, de los cuales la inversión privada es de 99%, y la pública llega al 1% (BID, 2021).

La inversión no sólo esta en el desafío 5G, va más allá. La neutralidad tecnológica y los nuevos estándares implican la convivencia de distintas tecnologías y donde el 5G será un elemento esencial, pero no el único. El sector tiene contemplado una inversión de US$5.000 millones en redes de fibra óptica para el 80% de hogares; US$6.000 millones en expandir la red 4G que aún tiene que crecer para llegar al 80% de la población; además invertir US$5.800 millones en redes de transporte y respaldo de backbone, con el fin de asegurar calidad y niveles de servicios.

Entonces, llegando a este punto ¿cuál es la inversión para cerrar la brecha de conectividad en Chile? El BID estima que las necesidades de CAPEX, para alcanzar los niveles de penetración de la OCDE, en el caso de Chile tiene un costo de US$1,7 billones de dólares, es decir 0.6% del PIB, de los cuales aproximadamente US$500 millones están asociados a inversiones en conectividad en las zonas rurales, siendo prioritario el alcance de la última milla (BID, 2021).

La presión sobre la inversión es mayor para el país dada la necesidad de continuar desplegando una infraestructura de clase mundial para todas y todos, y se da en un momento en que la industria enfrenta un escenario de menores ingresos, mayores costos y restricciones de liquidez. Se proyectan caídas en los ingresos de telecomunicaciones de 3,4%, como consecuencia de la disminución general de la actividad económica, la pérdida de empleos y el cierre de empresas. Además, en el negocio móvil hay una caída de 3% promedio en el ingreso percibido por cliente (ARPU), indicador clave que permite conocer cuánto están gastando en promedio sus clientes.

Lo anterior plantea por lo menos cinco preguntas ¿Cuál es la estructura de mercado óptima que garantiza incentivos suficientes para estimular la inversión? ¿Cuáles son las políticas públicas que permiten promover y aumentar la inversión del sector privado? ¿Cuál es el papel del Estado para complementar la inversión que el país necesita? ¿Existe la convicción para promover una nueva generación de asociación pública-privada de cara a la ciudadanía? y ¿Cuál es el plan de recuperación pospandemia y la oportunidad de tomar esta crisis sanitaria, económica y social en el gran hito de transformación digital del país?

Este nivel de situación de la industria digital, en plena evolución de los modelos de negocios, de los cambios en los patrones de consumo, de la disrrupción de servicios digitales, en la innegable necesidad de más y mejor infraestructura digital como la gran habilitante para el desarrollo, la inclusión y la equidad, deben ser suficientes para dar espacio a un nuevo paradigma que se haga cargo de los desafíos que implica avanzar hacia el pleno desarrollo digital de la nación.

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