En Chile está pasando algo inquietante. Cada vez son más las empresas que ofrecen "certificaciones" para chequear todo sobre las personas que buscan trabajo: no sólo sus antecedentes laborales o judiciales, ahora también datos personales que deberían estar protegidos, como las licencias médicas. Esto refleja un problema que ya lo advertían desde las organizaciones de salud: el castigo colectivo a quienes legítimamente necesitan licencias médicas.
Preocupa cómo se normaliza un mercado que busca convertir el derecho a la salud en un factor de sospecha. Lo que comenzó como una válida preocupación por los casos de licencias fraudulentas -que deben investigarse y sancionarse, sin duda- se ha transformado en una cacería indiscriminada que erosiona derechos fundamentales.
Algunas startups chilenas, por ejemplo, ofrecen un "certificado total" dirigido a consultoras de reclutamiento, que consolida antecedentes judiciales, historial laboral y datos sensibles de salud, como el uso de licencias médicas. ¿Qué justificación tienen las empresas privadas para gestionar este tipo de información médica de las personas? ¿Cómo evitamos que este tipo de prácticas terminen criminalizando la enfermedad o bloqueando la posibilidad de acceso al empleo justamente a quienes más necesitan protección?
Chile atraviesa una crisis de confianza respecto a las licencias médicas, pero el verdadero drama lo viven personas con enfermedades crónicas, discapacidades o condiciones que no se ven a simple vista. Médicos que hoy temen extender licencias válidas por miedo a fiscalizaciones y ahora, un mercado laboral que presiona por antecedentes que deberían estar bajo resguardo.
La declaración pública de más de 60 organizaciones de pacientes en Chile, dirigida al Presidente Boric en mayo pasado, fue clara: combatir el fraude no puede significar precarizar derechos. La solución no es el escrutinio sobre el historial médico de cada trabajador o postulante, sino un sistema transparente, con fiscalización estatal efectiva y con garantías para quienes dependen legítimamente de esa licencia. El foco debiera estar donde corresponde, en quienes falsifican, no en castigar a quienes presentan una condición de salud.
No podemos permitir que, bajo el pretexto del control, se perpetúe la idea de que estar enfermo o necesitar licencias es una falta de mérito laboral. Es momento de defender el derecho a enfermar dignamente, sin temor a represalias laborales ni a prácticas abusivas de fichaje biométrico disfrazadas de "verificación".
Desde el mundo de la salud y del trabajo, el llamado es claro: ni fraude, ni discriminación. Fiscalización donde corresponde, derechos garantizados donde se necesitan.
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