Acceso a la información científica

La respuesta de la ciencia a la pandemia del Covid-19 es contundente, en cuestión de semanas científicos y científicas de todo el mundo se pusieron a colaborar y compartir conocimiento. Fundamental para una respuesta global tan rápida fue la liberación del conocimiento asociado por parte de los consorcios internacionales de revistas científicas, que permitió que muchos investigadores alrededor del mundo tuvieran simultáneamente el acceso libre a la información que permitió avanzar más rápido de lo esperado.

Se demostró así lo importante de poder usar y compartir el conocimiento en beneficio del flujo global, la innovación y el desarrollo.

Pero esto no es lo habitual, la industria de las publicaciones científicas es compleja, con variados intereses y basado en un modelo de negocio muy rentable. Cobran tarifas exorbitantes por la transmisión del conocimiento, montos que crecen año a año: se calcula que el margen de ganancia de Elsevier es 36%, superior incluso a los de Google o Amazon.

Robert Maxwell lo llamó la "máquina de financiación perpetua": los gobiernos financian la investigación; los científicos escriben, revisan y editan las revistas sin cobrar; las editoriales publican los resultados; y se cobra por su lectura. Se le entrega la soberanía del conocimiento académico mundial a un puñado de empresas transnacionales con afán de lucro. Más aún, cuando es investigación financiada por el Estado, la realidad es que los contribuyentes desembolsan dos veces: primero para financiar la investigación y luego para leer el trabajo que han patrocinado. Tal vez haya justificaciones legales, pero éticas, ninguna.

Es así como en septiembre de 2018, 11 agencias europeas de financiamiento suscribieron el llamado "Plan S", el que básicamente obliga a quienes reciben fondos públicos a publicar el resultado de sus investigaciones en revistas de acceso abierto mediante el pago de una tasa, o a depositar su manuscrito (antes de la revisión de pares) en repositorios institucionales. En la misma línea, India pidió que sus autores archiven sus manuscritos aceptados en repositorios públicos; o la Universidad de Harvard que envió un comunicado alertando a sus profesores a que sus investigaciones estén disponibles gratuitamente a través de revistas de acceso abierto y "a renunciar a las publicaciones que mantienen los artículos detrás de los muros de pago".

Se ha desarrollado un movimiento global que busca avanzar hacia un acceso más universal al conocimiento científico, promoviendo que los datos y resultados de la investigación estén disponibles para todas las personas, sin barreras económicas, para maximizar su impacto y beneficio para la sociedad. Chile no es la excepción. Desde el 2012 que el acceso a las revistas científicas es financiado por el Estado a través de la Biblioteca Electrónica de Información Científica (BEIC), el que entrega acceso gratuito a través de internet a los textos completos de un conjunto de casi seis mil revistas en formato electrónico y en más de cien áreas disciplinarias.

El año pasado el Programa BEIC tuvo un costo de USD 16.670.874, monto que debió ser reducido para 2021 debido a los recortes presupuestarios de la cartera, obligando a las autoridades a negociar con las editoriales que entregan el servicio. En este contexto, la ANID propuso a la comunidad académica diseñar e implementar un modelo alternativo de acceso a recursos de información utilizados en tareas cotidianas de investigación y en labores de docencia, con el propósito de reducir la dependencia de la oferta de editores extranjeros y democratizar el acceso al conocimiento científico.

Celebramos la constitución de la Red de Apoyo a la Infraestructura Nacional de Acceso a la Información científica impulsada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), la corporación CINCEL y los representantes de instituciones de educación superior públicas y privadas.

La experiencia de los consorcios de adquisición cooperativa está muy extendida en el mundo y ha sido la respuesta natural de las instituciones dedicadas a la investigación, frente a un mercado de publicaciones controlado por muy pocos editores comerciales. A partir de este trabajo colaborativo público-privado, esperamos aumentar el acceso equitativo a información científica de calidad y así asegurar un insumo imprescindible para la producción de conocimiento científico y tecnológico que tanto necesita Chile.

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