Cuando pensar parece un gasto
Hace algunos días volvió a circular una idea peligrosa: que una investigación que termina en un libro, sin generar empleos inmediatos, sería poco más que un lujo decorativo. La imagen es efectiva. Un costoso libro quieto en una biblioteca, mientras afuera la gente busca trabajo. Pero esta es una trampa. Cuando una sociedad mide el conocimiento solo por su rendimiento económico inmediato, deja de preguntarse por aquello que hace posible la vida en común. Renuncia a construir sus reglas de convivencia, a definir el futuro que está dispuesta a imaginar y consagra, sin notarlo, su dependencia cognitiva y su lugar subordinado en la nueva configuración global.
No se trata de defender libros por nostalgia, ni universidades por corporativismo. Se trata de algo más básico: recordar que el conocimiento es una infraestructura civilizatoria. Como el agua potable o los caminos, no siempre se ve cuando funciona. Pero cuando falta, todo se vuelve más frágil. Faltan criterios, diagnósticos, memoria e imaginación. Falta la capacidad de distinguir entre evidencia y propaganda, entre desarrollo y obediencia con interfaz digital.
El ataque al conocimiento no es una anécdota local. Desde Estados Unidos hasta Argentina se repite una misma coreografía: se caricaturiza a las universidades como refugios de élites inútiles, se acusa a las humanidades y ciencias sociales de improductivas, se reduce la ciencia a gasto fiscal y luego se propone la motosierra como método de gobierno. Todo en nombre de la eficiencia y el cuidado de los recursos. Pero esa retórica puede convertirse rápidamente en una forma acelerada de empobrecimiento cultural.
La paradoja es brutal. Mientras se desprecia el cultivo del conocimiento, el mundo entra en una fase de aceleración tecnológica sin precedentes. La inteligencia artificial, las plataformas digitales, la minería de datos y los sistemas predictivos están reorganizando el trabajo, la política, la educación, la seguridad y hasta la intimidad. La evidencia ya muestra que la IA no impactará a todos por igual: sus beneficios tienden a concentrarse en sectores más educados, formales, urbanos y de mayores ingresos, mientras sus costos se concentran en la población con menos recursos. Sin políticas públicas robustas, la tecnología no corrige la desigualdad: la automatiza.
Aquí aparece un riesgo mayor: el tecnofeudalismo. No como consigna, sino como descripción de una época en que unas pocas corporaciones controlan infraestructuras digitales, datos, nubes, plataformas e inteligencia artificial. El viejo señor feudal poseía la tierra; el nuevo posee los sistemas donde trabajamos, compramos, opinamos, aprendemos y somos clasificados. La dependencia ya no se expresa solo en exportar materias primas e importar tecnología. Ahora también consiste en importar los lenguajes con que diseñamos el futuro y entendemos el mundo que nos rodea.
Por eso no es trivial que figuras como Peter Thiel -fundador de PayPal y Palantir, e inversionista temprano en Facebook- recorran el Cono Sur con el aura de quienes traen progreso empaquetado en software, seguridad e inversión. Sus reuniones con Javier Milei en Buenos Aires y con José Antonio Kast en Santiago no deben leerse como una anécdota de agenda. Es una señal de época. No hace falta imaginar conspiraciones para inquietarse... basta observar la convergencia entre debilitamiento del Estado, desprestigio del conocimiento científico, fascinación por la seguridad algorítmica y concentración tecnológica.
América Latina conoce bien la dependencia estructural. La ha vivido en sus economías extractivas, en sus matrices productivas frágiles, en su subordinación financiera y en su permanente importación de recetas. Pero hoy enfrentamos una versión más profunda: la dependencia cognitiva, que implica pérdida de autonomía y autodeterminación. Si no producimos conocimiento propio, si no formamos capacidades críticas, si no fortalecemos universidades públicas e independientes, terminaremos usando tecnologías diseñadas desde otras prioridades, entrenadas con otros datos, orientadas por otros intereses y legitimadas por una promesa de modernización ciega a la exclusión social.
La crisis de sentido de nuestra época consiste precisamente en eso. Hemos multiplicado herramientas, pero empobrecido las preguntas. Tenemos mucha más información, pero menos conversación entre puntos de vista diferentes; más automatización, pero menos deliberación. En este contexto, sin reflexión suficiente, sin instituciones que nos protejan del inmediatismo y sin capacidad de acción colectiva, la manipulación social se convierte fácilmente en modelo de negocios, estrategia electoral y técnica de control.
La inteligencia artificial puede ayudar a enfrentar enfermedades, anticipar desastres climáticos, mejorar políticas públicas y democratizar conocimiento. Pero sin pensamiento crítico, sin ciencias sociales, sin humanidades, sin ética pública y sin universidades robustas, también puede profundizar sesgos, segmentar ciudadanías, precarizar trabajos y producir realidades a la medida de quienes pagan por diseñarlas.
Tal vez el problema no sean los libros quietos en la biblioteca. Tal vez el verdadero problema sea un país que cree que pensar es un gasto, que la crítica es un obstáculo y que el futuro puede tercerizarse a quienes controlan los datos y los negocios. Allí empieza una forma silenciosa de feudalismo. No llega quemando bibliotecas. Llega preguntando, con aparente sensatez, cuánto empleo produjo cada libro, mientras entrega las llaves del sentido común a la nube feudal.