Troppi avvocati
En Derecho hay clásicos. "Demasiados abogados", de Piero Calamandrei, es uno de ellos. No es un reproche superficial ni una queja corporativa. Es, más bien, un diagnóstico: cuando la abogacía se multiplica sin un correlato de exigencia ética e intelectual, el problema no es el número, sino la degradación del oficio. Y esa degradación -como el propio Calamandrei advertía en la Europa de la primera mitad del siglo XX, en un contexto de expansión de profesiones liberales y de transformación de las instituciones jurídicas- no es solo técnica; es, ante todo, una decadencia moral.
No está de más recordar quién formula esta advertencia. Calamandrei no fue solo un académico brillante del derecho procesal; fue también un abogado en ejercicio, un intelectual comprometido y un actor relevante en la reconstrucción institucional italiana tras la Segunda Guerra Mundial, participando incluso en la elaboración de la Constitución de 1948. Es decir, hablaba desde la teoría, pero también y, sobre todo, desde la práctica y desde la conciencia de lo que está en juego cuando la justicia se debilita.
Conviene detenerse en esto. Porque cuando se habla de "demasiados abogados" se suele reducir el problema a una cuestión de mercado: exceso de oferta, competencia feroz, honorarios a la baja. Pero el maestro italiano apuntaba a algo más profundo, a la pérdida de densidad ética del ejercicio profesional. El abogado deja de ser un colaborador de la justicia para convertirse -en el peor de los casos- en un operador de intereses sin límites, donde todo vale si sirve al cliente. Y ahí comienza el verdadero problema. No es casual, entonces, que la advertencia pueda condensarse en una frase que hoy resuena con preocupante actualidad: demasiados abogados pueden terminar significando, paradójicamente, poca justicia.
En ese contexto, hay un dato que no puede soslayarse en Chile: la proliferación de escuelas de derecho. No es un fenómeno reciente, pero sí uno que ha alcanzado niveles difíciles de justificar desde una lógica de calidad. La apertura sostenida de programas -muchos de ellos sin un proyecto académico sólido, sin planta estable, sin una cultura jurídica reconocible- ha instalado una suerte de inflación de títulos que termina tensionando todo el sistema. No es solo que egresen más abogados. Es que egresan, en no pocos casos, sin las herramientas mínimas para comprender la responsabilidad que implica ejercer.
Ahora bien, el problema no es democratizar el acceso a la educación jurídica. Eso es, en principio, valioso. El problema es hacerlo sin estándares exigentes, sin control efectivo, sin una preocupación real por la formación integral. Porque cuando la formación se precariza, el ejercicio también lo hace. Y entonces el diagnóstico de Calamandrei deja de ser una advertencia lejana para convertirse en una descripción bastante cercana y actual.
Pero hay, además, un efecto que no es menor y que suele aparecer con crudeza en la opinión pública. La sucesión de episodios mediáticos -como el denominado Caso Audios- ha contribuido a erosionar la imagen de la profesión, instalando la sospecha de que el ejercicio del derecho puede deslizarse con demasiada facilidad hacia zonas grises. No se trata de generalizar ni de desconocer la mayoría de los abogados que ejercen con corrección. Pero basta con unos pocos casos, amplificados por su gravedad y visibilidad, para consolidar una percepción de desconfianza que luego resulta muy difícil revertir.
No se trata, entonces, de cuántos abogados hay, sino de cómo se forman y cómo ejercen. Porque el derecho no es una técnica neutral. Es, como bien se ha dicho, un lenguaje de poder. Y quien lo domina tiene la capacidad -y la responsabilidad- de orientar conflictos, moldear decisiones y, en definitiva, afectar la vida de otros. Pero hay algo más: la sustancia fundamental de esta profesión no se agota en la defensa de intereses privados. Comprende también fines de utilidad pública, ligados directamente con el adecuado funcionamiento del sistema de justicia en un Estado de derecho democrático. Cuando el abogado olvida esa dimensión, no solo empobrece su ejercicio; contribuye, además, a erosionar las bases mismas del sistema al que pertenece.
En ese escenario, no sorprende que, cada cierto tiempo, resurjan propuestas de control externo sobre la abogacía. La reciente discusión impulsada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en torno a una ley que permita sancionar a los abogados, se inscribe precisamente en ese clima. La pregunta es inevitable: ¿es la sanción legal el camino para corregir una crisis que, en buena medida, se gesta mucho antes del ejercicio profesional?
La tentación es comprensible. Cuando el sistema percibe abusos -litigación temeraria, dilaciones estratégicas, uso instrumental del proceso- la reacción inmediata es endurecer las reglas. Más control. Más sanción. Más amenaza. Pero aquí conviene ser prudentes. Porque si algo enseña la experiencia es que la ética profesional difícilmente se impone por decreto. Y menos aun cuando el origen del problema está en la formación y en los incentivos que rodean al ejercicio.
Y aquí aparece un elemento que no es menor. En la época de Calamandrei, el control ético de la profesión descansaba en gran medida en corporaciones fuertes, particularmente en los colegios profesionales. En Chile, el Colegio de Abogados de Chile desempeñó durante décadas un rol relevante en la fijación de estándares, en la vigilancia de la conducta profesional y en la aplicación de sanciones disciplinarias. Ese modelo -con todas sus virtudes y también con sus límites- suponía una comunidad profesional capaz de autorregularse, de establecer un ethos compartido, de distinguir entre lo permitido y lo impropio más allá de la mera legalidad.
Hoy ese escenario es distinto. La colegiatura no es obligatoria, la fragmentación del ejercicio es evidente y la capacidad efectiva de control ético por parte de los colegios es, en los hechos, más acotada. De ahí que surja la tentación de trasladar ese control al legislador. Pero conviene preguntarse si lo que se ha debilitado no es precisamente aquello que ninguna ley puede reemplazar del todo: una cultura profesional exigente, capaz de resistir la pendiente de esa decadencia moral que no se corrige con más normas, sino con mejores prácticas.
En paralelo, no es casual que, frente a este cuadro, haya reaparecido -una y otra vez- la idea de establecer un examen único habilitante para todos los licenciados en derecho del país, cuya aprobación sea condición para ejercer la profesión. La propuesta busca, en lo esencial, fijar un umbral común de conocimientos y competencias, evitando que la heterogeneidad -a veces muy marcada- entre las distintas escuelas termine trasladándose sin filtros al ejercicio profesional. La intención es atendible. Pero conviene no sobredimensionar sus efectos: un examen puede medir conocimientos, difícilmente puede garantizar criterio, y mucho menos asegurar integridad.
Una ley puede sancionar conductas extremas, sin duda. Puede establecer estándares mínimos, fijar límites, incluso disuadir ciertos excesos. Pero no puede -ni podrá- sustituir la conciencia profesional. El riesgo, en cambio, es otro: que en nombre de corregir desviaciones reales, se termine afectando la independencia del abogado, transformándolo en un operador condicionado por el temor a la sanción más que por el compromiso con su oficio.
Y ahí la cuestión se vuelve delicada. Porque la abogacía cumple una función institucional que excede al cliente. No es solo defensa de intereses particulares; es también garantía de contradicción, equilibrio y debido proceso. Si el abogado actúa bajo la sombra permanente de una eventual sanción estatal, el riesgo es evidente: la defensa se debilita, la estrategia se empobrece y, en último término, la justicia pierde calidad.
Por eso, la discusión debe desplazarse. El problema no es -o no es solo- la falta de sanciones. Es la formación. Es la cultura profesional. Es la manera en que las facultades de derecho entienden su rol. Porque si la universidad forma abogados técnicamente competentes pero éticamente indiferentes, el problema no se corrige con una ley: se reproduce.
Calamandrei lo vio con claridad. La crisis de la abogacía no era un accidente, sino el resultado de una progresiva banalización del oficio. Y esa banalización comienza mucho antes del ejercicio profesional: comienza en escuela de derecho injustificadas, aulas sobrepobladas, en programas express, en exigencias rebajadas para sostener matrículas, en la renuncia a formar criterio antes que solo transmitir contenidos.
En ese sentido, quizás la frase "demasiados abogados" no deba leerse como una crítica cuantitativa, sino como una advertencia cualitativa. No sobran abogados. Sobran, en todo caso, abogados mal formados, o formados a medias, o formados sin conciencia del lugar que ocupan en el sistema de justicia. Porque al final del día, la pregunta es otra: ¿Queremos más sanciones o mejores abogados? Y la respuesta -aunque menos inmediata- es bastante más exigente y evidencia mucha tarea pendiente.