“Hiperconectados” pareciera ser la mejor definición para describir hoy a los chilenos. El calificativo no es una exageración si se considera que el incremento continuo del acceso a servicios de navegación virtual es una realidad.
Según las últimas cifras que conocimos sobre penetración de Internet en nuestro país, que la autoridad dio a conocer en diciembre, hoy podemos afirmar que 84 de cada 100 chilenos es visitante de la red y que las conexiones en todo Chile alcanzan los 15,3 millones.
Nada mal para un país que se empina en los 17 millones de habitantes.
Gracias a ese nivel de conexión, el desarrollo tecnológico es continuo, acelerado y está lejos de frenar su ritmo. Este escenario, sin embargo, conlleva algunos riesgos para los millones de chilenos que cada día se exponen a entregar datos personales que no están dispuestos a revelar. En la otra vereda, la mayoría de los servicios digitales y aplicaciones que utilizamos almacenan información valiosa de cada uno de nosotros, los usuarios, que es necesario resguardar.
Este tema, sin duda, es de vital importancia para la industria digital. Tanto así, que recientemente conformamos la Mesa de Trabajo de Identidad Digital, donde hemos definido tres pilares claves para su correcto desarrollo: la ciberseguridad, la protección de datos y la identificación y autentificación para el uso de servicios online.
Según el Informe de Ciberseguridad 2016 elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuatro de cada cinco países de América Latina y el Caribe no tienen estrategias de ciberseguridad o planes de protección de infraestructura crítica. Lamentablemente Chile está dentro de ese grupo.
Actualmente existe un Comité Interministerial sobre Ciberseguridad (CICS) que tiene como objetivo diseñar e implementar una política nacional que ponga en marcha medidas que permitan proteger la seguridad y la libertad de los usuarios del ciberespacio. Ya existe un borrador que fue sometido a consulta pública y debe ser presentado a la Presidenta de la República.
La protección de datos es otra materia en la que estamos al debe. Hoy rige la Ley 19.628 que data de 1999, por lo que prácticamente está obsoleta respecto del avance tecnológico y de la economía digital. Un paso significativo en este ámbito es el reciente ingreso al Congreso del proyecto de ley que apunta a entregar certezas y más claridad sobre el tratamiento de datos personales, un anhelo largamente esperado por distintos actores públicos y privados.
La iniciativa recoge las recomendaciones de la OCDE en este sentido y nos pone al día en los compromisos contraídos con esa organización internacional en la materia, ya que el proyecto establece que las personas naturales serán las dueñas de sus datos y que las empresas solo podrán comercializarlos y utilizarlos con el consentimiento expreso del involucrado.
El proyecto ya ingresó a su primer trámite en la Comisión de Constitución del Senado y considera aspectos relevantes que hasta ahora la legislación no abordaba: quienes realicen tratamiento de datos personales ahora serán responsables de cumplir con la ley y las personas naturales tendrán nuevos derechos. Tal es el caso de conocer cómo llegaron sus datos a una empresa que le esté ofreciendo un producto por el cual no ha consultado y solicitar ser removido de esa base de datos.
Un aspecto relevante, sin duda, es la creación de una Agencia de Protección de Datos Personales descentralizada, cuyo director será elegido por la Alta Dirección Pública y tendrá el poder de fiscalizar el cumplimiento de la normativa.
En identificación y autentificación para la utilización de servicios online también queda mucho por hacer, como apuntar a medidas que faciliten la transferibilidad de los datos de forma segura. Ello favorecerá el uso de diferentes aplicaciones tanto en el sector público como privado, que harán que los usuarios puedan acceder a servicios online con estándares de alta confidencialidad, disponibilidad e integración de la información.
Si queremos cumplir con los desafíos que nos presenta el mundo digital, tenemos que avanzar con convicción en estos tres pilares esenciales de la identidad digital. Para eso resulta esencial tener un marco normativo que entregue seguridad y garantías a los ciudadanos.
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