La nueva normativa sobre cloud computing dictada por la SBIF busca contribuir a la innovación tecnológica en la industria bancaria, fijando ciertos requerimientos mínimos a las instituciones para asegurar que la externalización de servicios, a través de la nube, sea segura, cautele la continuidad operacional y permita que el regulador pueda fiscalizar adecuadamente estos servicios.
Esta normativa es resultado de un proceso de consulta pública en la que participaron varias entidades, públicas, privadas, académicas y por cierto las empresas de tecnologías lideradas por ACTI.
En primer lugar, queremos destacar la predisposición de las autoridades públicas para escuchar y tomar nota de las diferentes perspectivas de manera abierta y participativa, ciertamente comprendiendo que los intereses del regulador priman en la medida que está ejerciendo un rol encomendado por el legislador y cautelando la integridad sistémica de los bancos y entidades financieras.
La nueva regulación crea un Capítulo V, que establece una diligencia reforzada para contratar servicios en la nube, estableciéndose una serie de requisitos y condiciones contractuales para tal efecto.
Además se incorporan adecuadamente los conceptos de Nube Pública y Nube Privada y lo más importante, se otorga la posibilidad para que las entidades financieras, a través de sus Directorios puedan determinar sus políticas de externalización y de riesgos así como las medidas de resguardo y control.
En nuestro rol de representantes de la industria nos parece que esta normativa contiene aspectos positivos que constituyen un avance, sin perjuicio que seguiremos trabajando para simplificar la contratación de estos servicios y para evitar requisitos que sólo generan duplicidades, como es el requerimiento de un centro de procesamiento de datos de contingencia local.
En este sentido, consideramos que existen algunos puntos que aún deberían ser mejorados, tomando en cuenta las experiencias comparadas, las mejores prácticas internacionales y el inevitable avance y beneficios que estas tecnologías pueden traer al sistema financiero en su conjunto.
En definitiva, desde ACTI creemos que el nuevo texto de la normativa representa un paso adelante, pero existe la oportunidad de reforzar aquellos aspectos que permitirán una mayor innovación en el sector financiero, generando eficiencias, el desarrollo de nuevos servicios financieros, una mayor penetración y uso de dicho sistema por la ciudadanía, el fomento a nuevas tecnologías y modelos de negocio como fintech, y la promoción del emprendimiento en Chile.
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