Han transcurrido cuatro meses desde que se declarara el primer caso de COVID-19 en Chile y la pesadilla de la Pandemia se instaló para descorrer el velo de la miseria y el abuso, socavando directamente las pequeñas fortalezas de su sistema sanitario y poniendo en evidencia que no había estrategia posible sin el concurso militante de los municipios y las autoridades locales.
Sin embargo, la autoridad ejecutiva, haciendo oídos sordos se limitó a encabezar las tareas con la autoridad monolítica de un ‘plan de guerra’ que excluía a los otros sectores de la sociedad, pudiendo, tempranamente haber evitado errores que comprometerán la vida de tantos chilenos.
La soberbia y la falta de calle del Gobierno, impidieron conectar con las advertencias que avizoraba el mundo municipal.
Alcaldes y alcaldesas, de distintos signos, ya lo venían planteando desde el estallido de octubre, con clara conciencia del deterioro social y económico que se agudizaba en los barrios de la Región Metropolitana y de las distintas regiones del país y sin que la pobreza y el hambre, le dieran tregua a los más humildes y desamparados.
Lamentablemente, la decisión de incorporar a los municipios como primera línea sanitaria del país, llegó algo tarde, si nos atenemos a la realidad actual.
A todo esto, hay que sumar un incremento inmisericorde de la delincuencia y el desvalimiento de los vecinos que son asaltados en las cercanías de sus propias casas, cuando no, al interior de las mismas.
Por todo ello, es extremadamente valorable el esfuerzo desplegado por el municipalismo que, sin contar con herramientas adecuadas ni atribuciones o recursos, se ha volcado a atender la creciente demanda social, como animal sin dientes, resistiendo el impacto de esta pandemia, tratando de aliviar los efectos de la cesantía y apoyando ollas comunes, para reducir situaciones de hambre en el seno de los hogares más modestos.
Está claro que se perdió un tiempo precioso cuando se pensó que la solución radicaba en cuarentenas dinámicas, las que al fin de cuentas solo vinieron a demostrar que, con la vida de por medio, no se podía especular con técnicas “originales” o jugar con las cifras, creando desconcierto en una comunidad acostumbrada a confiar en sus autoridades.
Gente dispuesta a creer que los ciudadanos que votaron para que gobernaran, conocen bien sus necesidades. De esto dan cuenta los dichos del ex ministro Mañalich, al reconocer que ignoraba la profundidad de la pobreza y el hacinamiento en los barrios del Poniente o Sur de la capital.
O cuando la ministra del Trabajo, demostrando poco manejo de las leyes laborales, a propósito de la conveniencia de usar un porcentaje del ahorro previsional en manos de las AFP, para afrontar la crisis, en especial de los sectores medios que no cuentan con ayudas específicas, ignoraba que son los trabajadores - con parte de su salario - y no las empresas, las que pagan dicho ahorro previsional.
En fin, una desconexión con el Chile real abismante, lo que ha derivado en reacciones tardías y equívocas del Gobierno, como el asunto de la distribución de cajas de alimentos, medida que habría sido más eficaz (e instantánea) fortaleciendo el comercio local mediante un ‘voucher’ o vale a las familias más necesitadas.
Ya, las tardías definiciones de la ayuda económica y la demora en su implementación, develan debilidades de gestión y agudizan la desconfianza en las instituciones del Estado, agravando aún más el descontento en la población.
En cuanto a la entrega de más recursos para la Atención Primaria de Salud anunciada por el gobierno, al momento, los municipios no cuentan con una directriz gubernamental clara y coherente sobre el despliegue operativo que aún no se materializa.
Así, con un liderazgo debilitado, el Gobierno se ha paralizado ante la disyuntiva de priorizar la economía o la salud de la población.
Demostrativo de ello es que, en plena cuarentena, aún permanezcan funcionando el 47% de las empresas, muchas de las cuales no son esenciales, lo que obliga a la movilidad de más de 2,7 millones de trabajadores, impidiendo un confinamiento efectivo que permita frenar la pandemia.
Pero la autoridad se remite sospechosamente, a responsabilizar a la ciudadanía por no respetar la cuarentena.
Se actúa como si las autoridades “hicieran a dos manos”: por un lado, jurando cuidar la vida de cada uno de los chilenos, y por otra, movilizando a los trabajadores para reducir el efecto económico de la pandemia.
Desde luego, la urgencia que estamos viviendo no permite más errores y claramente, nos desafía a todos: autoridades, empresarios, gremios, partidos políticos y ciudadanía, a concretar en breve, un amplio acuerdo nacional que defina una salida a la crisis para enfrentar la pobreza, el desempleo y el hambre.
Además de trazar un camino que permita gobernabilidad y un entendimiento social, político y económico que recomponga un país con una carga moral de más sensibilidad humana.
Esa es la prioridad ahora. Y desde lo local, recordar que, estamos empeñados en la urgencia de una nueva gobernanza municipal: distinta, atenta, experta social y rica en experiencia ciudadana.
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