Estrechando las brechas de la participación política en el gobierno local

Marco Quintanilla Pizarro

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Cuando hablamos de poder local y de participación política, tendemos a centrarnos en la primera autoridad comunal, “el alcalde”, o en el ente fiscalizador, “los concejales” y por último, miramos la mermada participación de la sociedad, que más preocupada de resolver los temas de la ciudad, se centran en la etapa de la demanda para la solución de sus problemas. 

Como todos sabemos, la administración municipal, es quien ejerce la importante labor de administrar los escasos recursos con los que las comunidades cuentan para desarrollar sus proyectos, concordantes con su realidad local, que dicho sea de paso, es muy heterogénea, en un país largo y desigual como el nuestro. 

Si analizamos las facultades con la que cuenta este poder local en Chile, constataremos, que contiene una serie de bloqueos que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, con una Ley Municipal, heredada de la dictadura, que jamás ha sido reformada en su espíritu democrático, más bien se ha ido “parchando” a regañadientes de la clase política, que ven en las autoridades locales, una amenaza al status quo. 

Sin embargo, con el pasar del tiempo y por las necesidades inmediatas de los ciudadanos, que aunque por inercia, siempre están exigiendo mejores servicios, de calidad y oportunos, reclaman gobiernos locales más empoderados y que cuenten con las facultades y competencias para resolver los problemas de la ciudad, especialmente en materia de seguridad pública, salud, transito, aseo y ornato, entre otros. 

La principal arista de la necesaria modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades tiene que ver con la autonomía del poder local sobre la administración. Si hay voluntad de parte del gobierno y los parlamentarios, como nos han hecho saber en diversas reuniones que hemos sostenido, la nueva ley debe otorgar más facultades para la administración de los recursos para un real gobierno en las 346 comunas de nuestro país. 

Como se sabe, los concejales de cada municipalidad son cuestionados de manera constante e incansable en su trabajo. Se les solicita fiscalizar en diversas materias como salud, educación, medio ambiente, construcción y finanzas… empero, se les cuestionan las capacitaciones certificadas y las asesorías que se necesitan para realizar un trabajo que camine en beneficio de la comunidad.

Nadie tiene la capacidad de manejar todos los temas, por lo que la capacitación esa una inversión fundamental, ya que estos conocimientos permiten guiarnos y acompañarnos en nuestra labor. 

Así también, la sociedad chilena requiere tener instancias de capacitación para realizar el necesario control social sobre los asuntos públicos. Una materia pendiente en todos los niveles del Estado. Chile necesita una nueva ley municipal, después de 30 años, no ha respondido a las demandas ciudadanas que exigen más fiscalización, más transparencia y más democracia. 

Tenemos que estrechar la brecha entre el ciudadano de a pie y el poder político. Esto es un imperativo que pasa por una Reforma que permita entregar más herramientas a los políticos más cercanos a la gente, como son los Concejales. Esto hay que hacerlo para mejorar y profundizar  nuestra democracia.