Evitemos un para-Estado: ¿Por qué es importante la regularización de la población migrante?

Caterine Galaz

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Desde hace más de dos años, María lleva depositando en una AFP un porcentaje de su sueldo, entidad que le dio un número para poder hacerlo en Chile con su pasaporte, pero sin poseer RUT chileno. Obviamente, ese número -que supuestamente es uno de reemplazo de identidad- no es regular, ya que es un servicio privado, no es del Estado, que es el único ente facultado para hacer una regularización de su situación, al haber ella entrado por paso fronterizo no habilitado.

Ella confía que cuando llegue el momento de su reconocimiento formal -cosa que es incierta porque no se ven atisbos de acuerdo político para un proceso regulatorio extraordinario- la entidad privada podrá asumir esos años de cotización... pero nada se lo asegura. ¿Cómo pueden organismos privados hacer esto? Es una pregunta que puede tener respuestas con opacidades.

Carla, con carrera universitaria y trabajo académico, junto a su familia se vio forzada a salir de Venezuela, fueron perseguidos/as, expulsados/as de su trabajo por razones políticas y, en el inicio de la pandemia, debieron salir de su país para buscar una posibilidad de vida. Llegaron a Chile por paso fronterizo no habilitado. No vinieron a delinquir ni aprovecharse de los recursos chilenos, sino a trabajar. Pese a las condiciones de su salida, fue rechazado su refugio en el país. No tienen otra posibilidad que trabajar bajo condiciones que les ubica en una situación de vulnerabilidad para abusos y explotaciones que no son fiscalizadas por el Estado.

Los sinsentidos del encontrarse en una situación irregular son muchos. Karina tiene un hijo de 6 años y entró por paso fronterizo no habilitado. En su país de origen no conseguía trabajo y debía sobrevivir con un huerto autogestionado en su domicilio y favores de familia que vivía en el extranjero, que le enviaba algunas remesas. Decidió migrar pensando en un futuro mejor. Llegó a Chile. Lleva 3 años queriendo regularizar la situación de su hijo -cosa posible en Chile por el sistema vigente de protección de la niñez-, pero para hacerlo el Estado le solicita una cita para actualizar el pasaporte de su hijo del consulado venezolano. El trámite exclusivamente se lleva a cabo de manera online. Cuando lo intenta, el sistema le arroja que no puede solicitar la cita en Chile porque debería estar en Venezuela.

Y, por tanto, no posee ni la cita para renovar pasaporte de su hijo en su consulado, porque además le señalan que no habrá hasta un año más, ni puede cumplir con el requisito que solicita el Estado chileno. Resultado: Un limbo que no puede resolver, angustia, pánico a la expulsión y aguantar la presión de algunos colegios que no comprenden los enredos burocráticos que implica cualquier trámite.

Las personas en situación irregular están trabajando. Negar eso es tapar el sol con un dedo. Está ahí, en nuestras narices. Roberto ejerce como coordinador del trabajo colectivo en una tienda trasnacional de comida. No tiene contrato, pero tiene funciones de coordinación. No tiene seguridad social, no tiene cotizaciones futuras, no tiene protección frente a un accidente de trabajo. Como él hay varios/as trabajadores/as sin horarios definidos que, ante la necesidad de trabajar, aceptan esas condiciones. Mientras, entidades trasnacionales, a nuestra vista, siguen obteniendo ganancias a costa de estas nebulosas e imposibilidades del Estado para llegar a todas partes.

Y no sólo estas empresas ganan, sino muchas familias nacionales que disponen de servicios de cuidado y de aseo en casa particular, sin contratos y sin cotizaciones. Es verdad que también muchas personas chilenas sensibilizadas quieren cooperar con estas/os nuevas vecinas/os para que, puedan tener sostenibilidad en este nuevo contexto; pero también sucede que otras personas sin escrúpulos, abusan y plantean condiciones laborales que bordean la explotación y en algunos casos, de casi esclavitud (sobre todo en trabajos de casa particular "puertas adentro").

Es importante tener en cuenta que muchas de las personas que han llegado a Chile están en un periodo de vida laboral activa. Y, salvo excepciones -que son ampliamente masificadas por los medios de comunicación y explotadas a nivel informativo-, efectivamente la mayoría trabaja o quiere trabajar.

Todas estas personas que viven en situación irregular cada día compran en el negocio de la esquina, en supermercados, pagan los medios de transportes, pagan los servicios extras escolares, van a los mercados, ferias y centros comerciales, pagan los gastos de luz, gas, agua e internet... es decir, contribuyen al consumo, por ende, a mover la economía cotidiana que, a la vez, contribuye a nuestra recuperación económica. Hay que considerar que van pagando micro-impuestos en esos consumos realizados, tal como lo hacen los/as chilenos/as, contribuyendo tangencialmente también al arca del gasto social.

Sin duda asumir un proceso regulatorio no es fácil. Requiere coraje ante un avance xenófobo y también planificación. Es complejo porque los movimientos migratorios han sido masivos en los últimos años. Pero hay que comprender a la vez la situación crítica de algunos contextos: Más de 7 millones de personas venezolanas han abandonado su país y viven en diferentes países, tanto de Latinoamérica como de Europa y norte global.

Es complejo, pero un proceso de regularización extraordinario se hace cada vez más necesario. En términos positivos, por un lado, que las personas se encuentren regulares permite fomentar una inclusión laboral legal, una inclusión residencial normada sin abusos, una inclusión educativa sin obstructores específicos, una cotización a fondos de pensiones que contribuirán al resto de la población, posibilidad de acceso a niveles de salud con cotización, aumento de emprendimientos formales... Según el Fondo Monetario Internacional, cuando las personas se han regularizado en algunos países el PIB puede aumentar de 0,25 a casi 1 punto porcentual.

Y en términos de alerta, por otro lado, tenemos que evitar diversos procesos que se están consolidando, como la explotación laboral por la falta de regularización y la incapacidad del Estado para llegar a tan diversos sectores, lo que es una dificultad, pero a la vez incide en que sectores privados tengan una relación más asidua con las personas migrantes en situación irregular que el mismo estado receptor; la subordinación social, económica y política que se genera al no contar con los derechos y deberes de ser aceptados/as como residentes en un territorio; los abusos residenciales porque no pueden acceder a condiciones formales de alquiler o compra; la desigualdad en protección social porque pese a estar aquí y ser nuestros/as vecinos/as no contarán con los mismos derechos en el futuro previsional; en definitiva, la generación de prácticas para-estatales de parte de sectores inescrupulosos que ven en la realidad de estas personas, un nicho para sacar beneficios.

No sólo se trata de una retórica de derechos humanos fundamentales -que también es importante tener en cuenta para que accedan en igualdad de condiciones a derechos sociales, económicos y de justicia-, sino también que incluso mejoraría los índices del país en general. Por un lado en seguridad ciudadana, porque tener registradas a las personas residentes en un territorio disminuye las posibilidades de delito; permite salir de la economía informal para que contribuyan, con un trabajo formal, más fuertemente al sistema fiscal del país; y en definitiva, permite incidir y favorecer en la cohesión social de una comunidad, al incluirlas al sistema común democrático.