Hace un par de semanas que nos encontramos con una situación que a lo menos podemos calificarla como indignante. Los medidores de luz de todos los hogares chilenos serán cambiados por los famosos medidores inteligentes, los cuales traerán una serie de “beneficios” a los usuarios como el aumento de tarifas, mediciones “fantasmas” y arriendo perpetuo del medidor.
En este contexto, es importante cuestionarnos si en el proceso existió alguna maniobra política que haya hecho llegar esta situación al punto en el que nos encontramos hoy en día. Cuando el proyecto de ley se presenta a las Cámaras del Congreso, éstos son revisados una y mil veces por asesores, parlamentarios y comisiones las que, al parecer, nunca notaron lo perjudicial de este nuevo proyecto de medidores para las familias chilenas.
Creo, y esto es a modo personal, que acá hay una mano invisible - o visible, dependiendo de lo perspicaz que pueda llegar a ser cada uno - que ha manipulado un proyecto de ley a conveniencia de los empresarios para poder ganar más dinero a costa de los usuarios, expropiándonos de nuestro medidor antiguo e instalándonos a la fuerza un aparato por el cual tendremos que pagar un costo de arriendo por el resto de la vida, el medidor inteligente vale US$60 aproximadamente.
Queda preguntarnos, ¿hasta cuándo pasan a llevar a los ciudadanos con medidas tomadas a puertas cerradas, favoreciendo empresas y cobrándonos cosas que a veces ni siquiera llegamos a entender con claridad?
Considero que el cambio obligatorio de medidor sin compensación y con arriendo perpetuo es una acción condenable social y legamente, y que debiera ser revertido por nuestras autoridades en todos los puntos que perjudican al usuario, dando un golpe al tablero en las materias donde se vulneran nuestros derechos. ¡Basta de robos legales a la ciudadanía, que las políticas vuelvan a tener un enfoque claro en la gente!
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