Regiones con Presidente regional

En muchas cosas Chile es un país a-normal. Una de ellas es en materia de descentralización del Estado. No es normal que de 4 niveles de gobierno elijamos democráticamente sólo dos: el nivel comunal y el nivel presidencial.

No es normal -ni siquiera es una tendencia mundial que estemos imitando- que las autoridades intermedias, llámese autoridades regionales o provinciales, sean designadas.

No, no es normal que pase en países democráticos, sólo en Chile sucede. Dicho esto, quiero decir que es absolutamente normal exigir que las regiones cuenten con representación territorial para comenzar a hablar de gobierno regional en Chile.

Exigir esto, no significa que se proponga una autarquía y se rechace la presencia del nivel central en regiones, muy por el contrario, se trata de hacer gobierno regional consensuando las “legítimas” miradas locales, con las “legítimas” miradas nacionales sobre una misma realidad o problemática regional.

A-normal es lo que hoy se está discutiendo en el congreso en un proyecto de ley que fortalece al Intendente, y considera la elección de un “Presidente Regional”, el que se elegirá de entre los consejeros regionales, pero que no contará con atribuciones políticas para hacer precisamente lo que hace todo presidente: gobierno. Su función será, abrir, levantar, suspender y cerrar las sesiones del consejo regional, no otras, y no estoy ironizando.

La elección de un presidente regional (o la elección directa del actual Intendente, para que se entienda mejor), no es incompatible con la necesidad que tiene un Presidente (a) de la república de mantener un representante directo e inmediato en regiones o provincias, que garantice la implementación de políticas públicas esenciales para todo ciudadano.

Claro, es absolutamente necesario que exista esa figura para evitar que “presidentes regionales” de corte populista, puedan desestabilizar o evitar que aterricen en regiones políticas públicas vitales para ciudadanos, con el solo objetivo de hacerle contra campaña a un gobierno nacional de corte político distinto al del gobierno regional. Eso se puede solucionar otorgándole a las actuales provincias una importancia estratégica mayor a la que tienen, en cuanto sean estos espacios donde actúen, los representantes directos del gobierno nacional en territorios.

La política importa para el desarrollo regional, en su dimensión de facilitador y obstaculizador del desarrollo, por ello creo que es una falacia pensar que las regiones se desarrollarán y se reducirán las desigualdades intra e inter regionales por el sólo hecho de inyectar más recursos económicos al FNDR, por transferir más atribuciones administrativas a regiones, o por cobrar más impuestos regionales, o por crear el plan Aysén, Chiloé, Calama, Arauco, etc, etc.

Lo peor que nos puede pasar es seguir creyendo que las demandas o conflictos regionales se resuelven sin política, y sólo con más recursos, o en el peor de los casos, con delegados presidenciales en territorios.

Sin “política” a nivel territorial la cultura centralista inhibe aún más las potencialidades locales y acrecientan las desigualdades territoriales.

Para muestra sólo un ejemplo. La creación de la región de Los Ríos el año 2007 llevó implícita la promesa de un funcionamiento modelo. Nada de eso ha pasado, lo más destacable de ese funcionamiento modelo que se prometió, ha sido la instalación de algunas direcciones regionales en comunas, las cuales en vez de estar en la capital regional se instalaron en comunas (SAG e INDAP en Río Bueno).

La política importa, tanto para inhibir como para potenciar el desarrollo regional, el primer gran paso que Chile merece dar en esta etapa es transferir poder político a regiones.

El camino de la descentralización administrativa de los 90 y principios del 2000 es insuficiente, se agotó, pero tuvo una virtud. En mi concepto fue el gran causante de que los ciudadanos de regiones se hayan levantado contra el centralismo burocrático del Estado.