Sobre discriminación y el acceso a lo público

Caterine Galaz

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Hace unos días, el Mercado Lo Valledor anunció que para el ingreso a ese espacio comercial se requeriría un documento validado por el Estado chileno. En un inicio se planteó la cédula de identidad chilena, pero posteriormente se aclaró que se trataba de un documento válido en el país. Si bien esto abre la posibilidad a la presentación de diversos documentos para el ingreso al centro de compras, también deja en un terreno nebuloso sobre cómo se desarrollará el control y acceso al espacio: por ejemplo, si las personas podrán ingresar con pasaportes extranjeros que son también reconocidos y validados por nuestro Estado (en el caso de turistas extranjeros/as, trabajadores/as de organismos internacionales y también personas migrantes que no dispongan aún de un documento de migración).

Por otro lado, si bien el mercado justificó esta medida para favorecer la seguridad en su interior (lo que obedece a un supuesto de fondo que es que las personas nacionales no generan inseguridad), nada señala sobre las personas trabajadoras extranjeras que trabajan al interior del mismo recinto, como por ejemplo, algunos/as cargadores/as que pueden precisamente encontrarse sin un documento emitido en Chile, o bien compradores/as feriantes extranjeros/as que constantemente acceden a este mercado para abastecerse para la venta posterior de los productos y que en algunos casos, también, podrían disponer sólo de una copia de pasaporte.

Sea como sea, es una medida que establece una frontera, un límite de quién es considerado/a como legítimo/a ciudadano/a para moverse libremente en determinados espacios públicos y privados de nuestro territorio. Por tanto, en sí mismo es un acto de discriminación: cabe recordar que la palabra discriminar viene del latín discriminare que significa "separar", distinguir", "diferenciar una cosa de otra". Pero los comportamientos discriminatorios están asociados más que a una simple distinción entre grupos, a una cierta jerarquización social de éstos, generando acciones específicas que están dirigidas a las personas afectadas por prejuicios negativos.

Si esta medida es avalada públicamente puede que no pase mucho tiempo para que comencemos a ver medidas similares en otros espacios de acceso público (centros comerciales, cines, plazas, etc.), y ahí estaremos ante una construcción social donde existirán distintos niveles o grados de ciudadanía: de primera categoría, para quienes sean considerados/as "aceptables" y de segunda categoría, para aquellos/as que no se consideren como tal.

Como dijo hace décadas el sociólogo Michale Mafessoli, los imaginarios simbólicos sobre quienes se consideran como "otros/as" y no como "nosotros/as" tiene una eficacia social en las relaciones de las personas. Esta eficacia social se manifiesta en actitudes, comportamientos y actuaciones directas entre los sujetos que comparten un territorio pero que se distinguen entre sí, entre grupos preferentes y no preferentes, y que pueden redundar en actos discriminatorios.

Los actos de discriminación tienen que ser considerados a la luz de los prejuicios y estereotipos que predominan en la sociedad, pero también han de ser considerados bajo las condiciones económicas, sociales, políticas e históricas de esas comunidades. Así lo planteó el psicólogo social Henri Tajfel, hace casi 50 años, y seguimos viendo cómo los actos discriminatoriosdependen, entonces, tanto del imaginario social instalado en el grupo social mayoritario -en este caso en Chile- como de las condiciones fácticas en las que los grupos se mueven dentro de un contexto concreto. Actualmente estaban desarrolladas las condiciones de posibilidad a nivel social, para que emergiera este tipo de acciones discriminatorias explícitas en Chile.

Pese a que muchas personas eviten reconocerse abiertamente discriminadoras, xenófobas o racistas por la censura ética que comporta, vemos que en la cotidianidad siguen percibiéndose conductas de prevención o de rechazo hacia ciertos colectivos extranjeros/as. Se trata de una xenofobia práctica, que busca una justificación externa, un racismo sin raza, una xenofobia o racismo cultural, un comportamiento de negación sin una dimensión ideológica. La antropóloga Teresa San Román destaca que este rechazo a ciertos colectivos es uno "latente, a veces, no consciente, que no precisa remitir a la ideología, sino que es en el uso. Lo hace más inabordable porque no se somete a crítica".

Este tipo de actos se plantea en una nebulosa y opacidad donde se reproduce qué es la buena convivencia, la ciudadanía y el legítimo habitar en determinados territorios. Sin duda, una discusión que no nos puede dejar indiferentes.