Según el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, 27 países tienen voto obligatorio. De ellos, 10 son de Latinoamérica. Es decir, de las cerca de 200 naciones que hoy existen en la Tierra, hay un pequeño grupo que aún obliga a la gente a ir a votar, y que coincidentemente predomina en este lado del mundo. Lo más triste es que pese a que había logrado salir de esta reducida y anticuada banda, Chile hoy intenta regresar a ella.
El pasado martes 6 de julio, la comisión de Constitución de la Cámara Alta aprobó por 3 votos a favor y 2 en contra la idea de legislar sobre la reforma constitucional que busca restituir el voto obligatorio para las elecciones populares, por lo que pasó a la sala del Senado para ser discutida.
Este proyecto ingresado en enero de 2020, y cuyos autores son los diputados René Alinco, Jaime Mulet, Alejandra Sepúlveda, Esteban Velásquez y Pedro Velásquez, sustituye en el inciso primero del Artículo 15 de la Constitución de la República la palabra "voluntario" por la expresión "obligatorio". Es decir, por medio de una moción parlamentaria se busca transferir la culpa de la baja participación en las elecciones, a la ciudadanía, en vez de ser asumida por quienes deben motivar dicha participación, como son los diversos actores y partidos políticos en conjunto a las autoridades.
De los pocos países que aún mantienen el voto obligatorio, Bélgica es donde existe desde hace más tiempo, de 1894. Si bien no necesariamente deben sufragar, pero si apersonarse en el lugar de votación, desde hace muchos años que el gobierno belga no persigue a quienes no acuden el día de las elecciones, esto debido a que sus tribunales deben dedicarse a temáticas más relevantes.
Lo interesante es que mientras los partidos de derecha de dicho país piden desde hace décadas el voto voluntario, las mayorías de centro-izquierda se han negado rotundamente. En Suiza realizaron un estudio en Schaffhausen, el único cantón donde el voto es aun obligatorio: descubrieron que las posiciones políticas de izquierda, tenían un aumento electoral de 20% en los referendos.
En Holanda por su parte, en el año 2016 otra investigación demostró que la abolición del voto obligatorio significó mayores votaciones para los partidos sociales y demócratas, y menores para los partidos extremistas.
Otro país con voto obligatorio es Corea del Norte. Allí cada persona de 17 años o más debe ir a sufragar. En cada elección, el número de votantes es casi igual al del padrón, esto es, un 100%. Bolivia también posee voto obligatorio. Allí todos los ciudadanos a partir de los 18 años reciben un certificado de sufragio el día de la elección, el que deben presentar para realizar cualquier trámite en entidades públicas o la banca privada durante los tres meses posteriores. Si no cuentan con dicho certificado, durante esos 90 días no podrán acceder a cargos públicos, efectuar trámites en el banco o incluso tramitar su pasaporte.
Argentina, Ecuador, Brasil, Perú y Uruguay son otros países que también tienen voto obligatorio.
La experta chilena María Jaraquemada manifiesta que la alta abstención que ha ido aumentando en las últimas elecciones puede deberse a varias razones, pero las más aceptadas son "desafección con la política partidista, desconfianza en las principales instituciones políticas, percepción de alta desigualdad socioeconómica que redunda en una de influencia, poca renovación en la política, insatisfacción con el funcionamiento de nuestra democracia".
Sin embargo, la baja en la participación electoral que se argumenta en Chile para aprobar el proyecto en cuestión no se condice necesariamente con la realidad mundial. Países con voto obligatorio han tenido baja participación en recientes elecciones: Costa Rica 2018, 65,7%; Honduras 2017, 57,5%; México 2021, 52,7%; Paraguay 2018, 61,3%. En cambio, en naciones con voto voluntario, la participación ha sido incluso cercana al 90%: Alemania 2017, 76,2%; Dinamarca 2019, 84.6%; Holanda 2021, 78,7%; Suecia 2018, 87,2%.
El voto debe ser visto como un derecho civil, no como una obligación. En Estados Unidos, los académicos señalan que la libertad de expresión incluye también la libertad de no expresarse, por lo que el voto obligatorio iría en contra de la misma. Votar no es una obligación intrínseca, por lo que obligar a alguien a ello conlleva infringir la libertad de los ciudadanos asociada a las elecciones democráticas.
Más aún, el argumento de que las elecciones tiene mayor legitimidad cuando las autoridades son electas por mayor cantidad de ciudadanos choca con la realidad de diversos países donde el voto obligatorio hace aumentar los sufragios nulos y blancos, así como los votos aleatorios.
Lo que no se logra entender es el apuro por aprobar este proyecto de reforma constitucional de los mismos que hace sólo unos años, argumentaban a favor del voto voluntario. El mismo Servicio Electoral señaló que el padrón para las elecciones de noviembre ya está establecido, por lo que de aprobarse la ley, no se podría aplicar en dicho proceso.
¿No tendría más sentido que esto se discuta al alero de la nueva Constitución y sea la Convención Constitucional la que proponga un nuevo sistema de votación para Chile, acorde a los tiempos que corren, junto a campañas de educación, mensajes y cultura cívica que promueva la participación? ¿O quieren presentar indicaciones para que quien no vote en noviembre, sea castigado con imposibilidad de trámites bancarios o del registro civil como en otros países?
Vale señalar que de los países con voto obligatorio en la actualidad, sólo 14 lo hacen cumplir con multas u otras medidas. Es decir, en pleno año 2021, solo el 7% de los países del mundo que tienen elecciones obliga a la gente a ir a votar.
Y algunos en Chile, quieren volver a ese "selecto" grupo. Otro resabio del subdesarrollo.
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