Co-escrita con Sofía Rivera Riveros, área de Estudios de ONG FIMA
En las últimas semanas se ha discutido bastante sobre la suerte del proyecto inmobiliario "Egaña Comunidad Sustentable", que fuera paralizado en razón del rechazo de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, el pasado 4 de abril. La discusión se ha centrado fundamentalmente en relación a las implicancias que los nuevos nombramientos podrían tener en la decisión e incluso se han mencionado aspectos sobre la seguridad jurídica de los inversionistas, o los riesgos de despido de los y las trabajadoras del proyecto.
Este último punto fue controversial el lunes 11 de abril, en que se realizó una movilización de las y los trabajadoras, ocupando las dependencias de la Municipalidad de Ñuñoa.
En esa ocasión, su portavoz realizó una declaración que resulta muy interesante. Ella no inicia realizando un reclamo directo, sino que explicitando su comprensión por el rechazo de las y los vecinas del proyecto, destacando que los proyectos de este tipo debieran tener como prioridad la preocupación por sus impactos ambientales. El punto más llamativo de su declaración es cuando señala que "miramos con cierta envidia, con sana envidia, que en estas comunas se instale la preocupación por estos temas, cuestión que en nuestras comunas, puestas en otra categoría es un mero espejismo, porque como sabemos estas mismas constructoras en nuestras poblaciones construyen a destajo, sin preocuparse del impacto en la vida de las personas".
La envidia de que habla este trabajador puede ser entendida como el legítimo resentimiento moral que identifica el filósofo John Rawls en las situaciones de desigualdad. Como señala el autor, los individuos en general aceptamos las diferencias entre unos y otros, siendo que la envidia no es un sentimiento que afecte a los individuos racionales. Pero cuando dichas diferencias superan cierto límite, y se basan en una injusticia, entonces tendría lugar este legítimo resentimiento moral, incluso en personas completamente racionales, como el lúcido vocero de las y los trabajadoras de Egaña Sustentable.
Este resentimiento no es más que la expresión que se corresponde con la existencia de instituciones injustas, como en este caso lo son los instrumentos de gestión ambiental y urbana, cuando no son guiados por principios de justicia. No hay un reclamo para rebajar los estándares y que se reanude sin más la obra, como parecieran pretender los controladores del proyecto, sino una comprensión de que junto con proteger los empleos, es necesario que la voz de los vecinos sea escuchada, en Ñuñoa y en cualquier otra comuna.
Mientras quizás para los gremios en las comunas donde los vecinos no logran ser considerados existe lo que consideran certeza jurídica, lo que revela esta esclarecedora declaración es que por parte de los trabajadores y trabajadoras no hay únicamente un legítimo temor a perder el empleo. Ellos son también esos vecinos que no son oídos, en sus propias comunas, y como tales resienten legítimamente la injusticia ambiental y cómo se perpetúa una distribución inadecuada de las cargas y beneficios ambientales.
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